
En una sesión cargada de antecedentes, tensiones y múltiples posturas, el Senado de la Provincia de Salta convirtió en ley el proyecto enviado por el Ejecutivo que busca regularizar la situación dominial de los puesteros asentados en tierras de Salta Forestal y, en paralelo, autoriza a la empresa estatal a renegociar los contratos de concesión vigentes.
Regularización dominial: avance con límites
El senador por La Poma, Dani Nolasco, fue el miembro informante del proyecto, al que definió como parte de un “propósito social”. En su exposición, explicó que Salta Forestal podrá iniciar un relevamiento de las familias puesteras y establecer relocalizaciones voluntarias en zonas rurales o urbanas, en lotes de hasta 1.500 metros cuadrados. La medida contempla, además, que los beneficiarios no podrán enajenar las tierras adjudicadas por un plazo de diez años.
Nolasco subrayó que el proceso se llevará adelante con la participación de legisladores y comunidades locales para garantizar la transparencia. “Este proyecto fue trabajado a conciencia, con el mayor de los compromisos y con la participación directa del pueblo”, aseguró.
La senadora Alejandra Navarro valoró la iniciativa como una ley marco, destacando el componente cultural de las familias criollas que subsisten a través de la ganadería de monte, en una práctica que hoy se ve amenazada por la expansión de actividades extractivas como la deforestación.
No obstante, y aunque el dictamen final fue acompañado por la mayoría de la Comisión de Agricultura, el senador Walter Wayar, quien la preside, optó por no firmarlo. Si bien respaldó la entrega de tierras a los puesteros, se manifestó en desacuerdo con seguir negociando con empresas incumplidoras, basado en su experiencia como vicegobernador de la provincia durante la gestión de Juan Carlos Romero, allá en los albores del diálogo con la empresa y las proyecciones que finalmente no se alcanzaron.
El caso de Salta Forestal puso sobre la mesa una doble tensión: por un lado, la necesidad de saldar una deuda histórica con las familias criollas del monte, y por otro, la presión de grupos empresariales con amplio poder territorial que han operado durante años con escasa fiscalización. La nueva ley, si bien representa un paso hacia la formalización de derechos, también abre interrogantes sobre el futuro de un modelo de concesión que acumula más sombras que certezas.
La renegociación de concesiones
Fue precisamente la autorización para que Salta Forestal renegocie los contratos de concesión con las empresas privadas que operan en el departamento Anta, la que generó fuertes críticas. Y es que esta ley contempla que las renegociaciones se limiten a tierras improductivas, aunque sin detallar mecanismos de evaluación o sanción frente a nuevos incumplimientos.
Sobre el historial de incumplimientos
Cabe recordar que, en el marco del tratamiento legislativo previo a esta sanción, la Comisión de Agricultura del Senado mantuvo una reunión clave con integrantes de la Auditoría General de la Provincia y con el exdiputado Claudio del Plá, quienes aportaron una extensa radiografía de irregularidades acumuladas en las últimas dos décadas por parte de las concesionarias Cresud (de propiedad de Eduardo Elzstain, de íntima vinculación con el presidente Milei) y Anta del Plata.
El auditor Marcos Segura repasó los informes realizados por el organismo de control: una primera auditoría entre 2000 y 2008 que documentó falta de inversión, desmanejo ambiental y abandono de los puesteros; una segunda auditoría en 2018 que constató la persistencia de esas fallas; y una tercera en curso desde este año, centrada en el uso de los recursos obtenidos por el cobro de canon por parte de Salta Forestal S.A..
Pese a los reiterados requerimientos, las concesionarias se mostraron esquivas a presentar documentación. Recién en 2023 Cresud envió información parcial, aún bajo análisis. “La falta de colaboración fue sistemática”, señaló Segura. La Auditoría General estimó que, hasta fines de 2024, las empresas habrían evitado el pago de unos 100 millones de dólares en concepto de canon.