Malestar e indignación de la dueña de un título secundario falsificado
Luego de que recientemente, la justicia salteña condenara a una mujer por la falsificación de su titulo analítico de los estudios secundarios, para poder ingresar a trabajar al Ministerio Público en 1.990, la dueña legítima del título realizó su descargo en diálogo con Nuevo Diario.
Rosana Fernández, la dueña del título analítico usado por una empleada administrativa del Ministerio Público en Tartagal, realizó su descargo ante la pena aplicada por el juez Hugo Martoccia a la mujer denunciada. El documento apropiado expone una currícula escolar con destacadas notas, sin materias adeudadas y de asistencia perfecta, por lo cual fue abanderada. “Fuimos compañeras en el secundario, pero ella faltaba y se llevaba materias”, señaló.
La propietaria del título analítico relató que fue compañera de estudios de la mujer enjuiciada, recibiéndose ambas en la misma escuela. “Yo tenía asistencia perfecta, no me llevé materias y fui abanderada dos veces (…) ella faltaba, tenía materias pendientes (…) y lo que más me enojó fue mi sacrificio y dedicación el que usó esta persona (Yeni)”, resaltó. “Yo soy de Tartagal y ella venía de Buenos Aires (…) llegó con su familia en 1.987”, agregó.
Uno de los primeros indicios sobre la irregularidad fue un comentario de la acusada en reencuentros de egresados, donde comentó que “había podido recibirse en 2.007”, cuando ya trabajaba en el Ministerio Público de Tartagal.
“Yo me entero de esto en junio de 2.019, y presento una nota de consulta al procurador en Salta capital, y el procurador le envía al fiscal penal Dr Vega de Tartagal para que haga las averiguaciones correspondientes y efectivamente, todo resultó cierto, de que Beatriz Arias había falsificado mi título analítico del secundario para presentar en el ministerio público fiscal en la ciudad judicial”, relató con pormenores la mujer.
Asimismo, expuso que si bien, el juez Martoccia la condenó, por ser autora del delito de falsificación y uso de instrumento publico en concurso real, y le impuso la pena de un año de prisión de ejecución condicional y durante dos años deberá fijar domicilio y someterse al control de un patronato: “en el mismo fallo fue absuelta del delito de defraudación pública”.
En ese sentido, Fernández recordó que: “El artículo 292 del Código Penal establece que "el que hiciere en todo o en parte un documento falso o adulterare uno verdadero será reprimido con reclusión o prisión de 1 a 6 años" e insistió: “a ella le impusieron la pena mínima, es inaudito, se burló de la justicia, ya que no presentó mi título analítico a una librería o a una pollería, sino donde estaban todos los jueces, fiscales, abogados. Lo que hizo fue un delito repudiable y lo peor de todo esto, es que está trabajando actualmente en la Ciudad Judicial”, resaltó e insistió en “la injusta condena”, razón por la cual apeló a los medios de comunicación para al menos lograr alguna condena social, o bien, que exista la posibilidad de revisión de la pena, algo que para Fernández resulta paradójico, teniendo en cuenta que la impostora continúa desempeñando funciones en la justicia salteña.