Marcha en todo el país por los derechos de la discapacidad
El próximo miércoles 29 de mayo, desde el Foro Permanente para la promoción y la Defensa de los Derechos de las personas con Discapacidad convocan a marchar en todo el país en reclamo por los ajustes del Gobierno Nacional al colectivo de la discapacidad.
A través de un comunicado oficial, recordaron que el pasado 10 de mayo se hizo público el decreto presidencial que establece que los organismos públicos financiadores de las prestaciones para las personas con discapacidad establecidas por la Ley 24.901 se fijarán de manera independiente a los valores arancelarios de las prestaciones (y no vinculante entre ellos) incorporadas o a incorporar en el nomenclador de prestaciones básicas.
“Esta decisión va a generar la ruptura de un logro fundamental: que las personas con discapacidad sean atendidas en los servicios categorizados por el Estado o por profesionales, sin importar la situación económica, mientras tengan una obra social, sean de PAMI, cuenten con una pensión o prepaga”, alertaron desde el Foro.
Asimismo, explicaron que: “las consecuencias de no tener un arancel acorde al costo del servicio, es que aquellos que no respondan a la realidad económica que implica brindar un servicio categorizado educativo, terapéutico, de salud, de alojamiento, transporte o asistencial, van a dejar de contar con ello”, sentenciaron.
“Además de la desigualdad que implica esto, también se producirá una pérdida esencial en la calidad de vida de más de 200 mil personas con discapacidad”. remarcaron.
Por último advirtieron que “de efectivizarse la medida, se agravará la ya importante crisis económica de los prestadores categorizados que tienen que cumplir con una serie de exigencias impuestas por el Estado, que tiene la administración del Sistema Único de Prestaciones Básicas a favor de las personas con discapacidad, ya que da lugar a que cada organismo financiador establezca el arancel que le parezca o le convenga”, señalaron y agregaron: “Exigimos a los funcionarios que revean esta medida que puede entorpecer la universalización de la atención de personas con discapacidad”.