Más de 100 mil salteños se beneficiarán con los subsidios de tarifas energéticas

Para asegurar la continuidad de la segmentación de los subsidios energéticos para más de 108 mil hogares salteños, esta tarde el gobernador Gustavo Sáenz firmó un acta acuerdo con el secretario de Energía de Nación Darío Martínez.

La firma del documento se concretó en Buenos Aires, donde el mandatario, junto al funcionario nacional, también analizaron la actualidad energética de la provincia y marcha de la implementación de la segmentación tarifaria de los subsidios al consumo de gas y electricidad.

En este ámbito, Sáenz afirmó que se continuará trabajando en este sentido ya que "entre todos lograremos valores de energía razonables, aplicados con criterios de justicia y equidad distributiva".

Además de las familias ya contenidas, que se encuentran en el marco de la tarifa social realizada en la provincia en mayo pasado, el ENRESP trabaja para incluir otros sectores sociales en estado de vulnerabilidad y así poder mantener el beneficio.

Firma de convenio

Por ello, Provincia y Nación trabajarán en la complementación de las bases de datos nacionales y provinciales para todas las familias que tengan el derecho, por su situación socioeconómica, accedan al beneficio, aunque no se hayan inscripto.

De esta manera, Salta enviará al organismo nacional el listado de usuarios registrados como veteranos de guerra, usuarios adjudicatarios de IPV, merenderos, comedores, jubilados, pensionados y otros sectores que puedan ingresar en este marco.

También estuvieron presentes en la firma el gobernador de Catamarca Raúl JalilGonzalo Soriano, el subsecretario de Planificación Energética y Santiago Yanotti, vicepresidente de CAMMESA, entre otros.

Las nuevas disposiciones

Las nuevas categorías de usuarios para la segmentación de tarifas quedaron definidas tras vencer en la medianoche de este domingo el proceso de inscripción para acceder a los subsidios, de acuerdo con lo informado por la Secretaría de Energía.

Los usuarios del nivel 1 comenzarán a pagar la tarifa plena (sin subsidios) de manera gradual en un proceso que culminará a fin de año y que se reflejará en un incremento promedio de 1200 pesos mensuales a partir de septiembre hasta completar unos 3500 desde enero de 2023.

Esta franja de usuarios deberá reunir al menos una de estas condiciones: ingresos mensuales netos superiores a 3,5 Canastas Básicas Totales (actualmente 364.758 pesos), ser titular de 3 o más automóviles con antigüedad menor a 5 años, de 3 o más inmuebles, de una o más aeronaves o embarcaciones de lujo o de activos societarios que exterioricen capacidad económica plena.

Los usuarios de menores ingresos, adheridos a la tarifa social, ya tuvieron en el primer semestre un incremento total del 21,6 por ciento, equivalente al 40 por ciento de la evolución del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año pasado. Los usuarios de esta franja tienen ingresos inferiores a una CBT (104.216 pesos), un integrante en el hogar con certificado de vivienda del Renabap (Registro Nacional de Barrios Populares), un domicilio donde funcione un comedor o merendero comunitario registrado y al menos un integrante con Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Si entre los integrantes del hogar hay al menos uno que posea certificado de discapacidad expedido por autoridad competente, los ingresos totales para ser incluido en el nivel 2 se elevará al equivalente a 1,5 CBT (156.325 pesos).

Por otra parte, a los usuarios de ingresos medios se les aplicó un aumento total de 42,7 por ciento (80 por ciento del CVS de 2021).

En este caso, para ser incluidos en el nivel 3 no tendrán que reunir las características de los otros dos niveles, salvo que se trate de usuarios el nivel 2 pero sean propietarios de 2 o más inmuebles o de un vehículo de hasta 3 años de antigüedad, excepto los hogares donde exista al menos un conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Los niveles 2 y 3 seguirán teniendo, en distintas proporciones, tarifas con subsidios, entendidos por la Secretaría de Energía como "una herramienta del Estado para el cumplimiento del principio de igualdad y no discriminación", según los considerandos del decreto 332/2022.