Más de 140 mil indígenas en Salta se quedaron sin protección territorial
Luego de la derogación de la ley 26.160, Salta es la provincia más afectada por el freno a los relevamientos territoriales. El dato surge de un informe de Ciudadanía Comunicación.
El 10 de diciembre de 2024, el Presidente Javier Milei firmó el decreto 1083/2024, que eliminó la norma que protegía los territorios comunitarios y suspendía los desalojos.
Inmediatamente, todos los convenios provinciales quedaron sin efecto. Así, 76 comunidades quedaron con sus relevamientos interrumpidos.
Hasta ese momento, el Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas solo había ejecutado el 40% del presupuesto previsto.
Sin embargo, el Ministerio de Desarrollo Social confirmó que actualmente resulta imposible emitir nuevas resoluciones porque estarían fuera del marco legal.
Así, son 142.870 personas indígenas o descendientes los que se quedan sin protección legal, lo cual representa el 11% de población provincial según el censo de 2022.
En este escenario, las organizaciones territoriales se mantienen en estado de alerta y cientos de familias quedan frente a intereses privados, desmontes y proyectos agroindustriales.