Más de cien familias de Santa Ana II están al borde del desalojo

Vecinos y vecinas de Santa Ana II (en el límite con barrio Los Tarcos y Estación Alvarado) llevan una lucha invisible de más de 7 años por la propiedad de sus terrenos y casas emplazadas en los mismos.

Esta situación se lleva adelante, luego de que un supuesto dueño reclamó la propiedad de los terrenos, intentando negociar en términos inaceptables para los vecinos. A pesar de tener todos los servicios básicos y el reconocimiento del Estado, la ley que protegía a los habitantes fue vetada por el Ejecutivo Provincial, dejando a las familias en la incertidumbre total sobre sus vidas.

“El Estado nos soltó la mano” 

“Estamos desesperados, el Estado nos soltó la mano, estamos solos y tenemos posesión de los terrenos, no vamos a negociar con él porque no es dueño de nuestras tierras”, señaló a Nuevo Diario, Carina Miranda, en referencia directa a Alberto Rueda, el supuesto dueño de las tierras, que las habría adquirido en Buenos Aires y las está reclamando.

“La mayoría de los vecinos vivimos aquí hace más de 20 años, y esto comenzó en el 2018 cuando aparece el señor Miguel Alberto Rueda que compra nuestros terrenos en un fraude en Buenos Aires por 500 mil pesos. Estamos hablando de 117 lotes por ese precio”

“Nunca Rueda se presentó en el barrio para hablarnos de la situación, lo conocimos a través de Volanteos que hace en épocas de elecciones que decían que nos teníamos que presentar en distintos lugares para negociar con él. Cuando íbamos, tampoco pudimos verle la cara, sino la de sus abogados. Él nos quiere vender nuestros terrenos a través de un plan de pagos en dólares y cada tres o seis meses con generación de intereses. Decidimos no entrar en esa negociación porque somos los poseedores legítimos desde hace más de 20 años en la mayoría de los casos, y las tierras fueron compradas al Banco Caseros y al Banco del Noroeste, que van a la quiebra, quedando en manos de los síndicos, entre ellos el Dr. Pablo de la Merced“, precisó Carina sobre las intenciones espurias propuestas por el supuesto propietario de los terrenos.

La expropiación fallida

“Es así como con los vecinos entonces en el 2018 elaboramos el proyecto de ley de expropiación de la mano de los diputados Santiago Godoy y Claudio del Pla en su momento, como también con el entonces senador Emiliano Durand y actual intendente de la ciudad. El señor gobernador, los senadores y diputados no pueden decir que no conocen nuestro tema porque esta lucha es de larga data”, enfatizó remarcando el desesperado reclamo de atención por parte de las autoridades provinciales

Recordó Carina que la Ley de Expropiación fue aprobada de manera unánime por ambas cámaras legislativas. “El problema fue el veto por parte del vicegobernador Antonio Marocco en reemplazo de Sáenz que se encontraba de viaje en Tucumán. No entendemos el porqué del veto, y lo que ellos justifican es que no hay plata. Sabemos que una expropiación se puede hacer a largo plazo, y es por eso que estamos levantando la consigna de NO AL VETO, porque tenemos desalojos en puerta y estamos desesperados en una instancia donde el Estado nos soltó la mano”, dijo quebrada, la vecina de zona sur de la ciudad que además alertó que legalmente ante la Justicia están representados con defensores oficiales.

Ante la falta de respuestas, los vecinos han optado por intensificar su lucha. Esta semana, volvieron a marchar a la Legislatura en busca de alguna explicación, pero nuevamente no fueron atendidos. “Cualquier cosa que pase a mayores, va a caer en la espalda del señor gobernador”, advirtió Miranda, dejando en claro que la responsabilidad de cualquier conflicto futuro recaerá sobre las autoridades.

Estafas y amenazas

Según relataron los vecinos de Santa Ana II, sufrieron a manos de Rueda y sus abogados, un sistemático hostigamiento y amenazas para que fueran a “arreglar”. Muchos, incluso suscribieron convenios con la firme voluntad de comprar su lote. Pero Rueda pedía 25.000 dólares a cada vecino, con el objetivo de obtener 2.300.000 dólares por una tierra comprada a $ 500.000. Finalmente, la compra de terrenos habitados fue el verdadero negocio, porque además de tener todos los servicios, tomaba de rehenes y compradores forzados a 117 familias. Los vecinos hicieron múltiples intentos de pagar. Firmaron convenios, pero paulatinamente dejaban de hacerlo tras las sucesivas devaluaciones, que disparaba el precio de los terrenos, y en estas instancias comenzaron a llegar las intimaciones de desalojo, sin que la justicia haya investigado la posesión del terreno, como pidieron oportunamente los vecinos y vecinas.