Media sanción para el polémico proyecto sobre identidad digital y fakes news
En el marco de una nueva sesión de la Cámara de Diputados provincial del martes, alcanzó media sanción la iniciativa que prevé una incorporación en el Código Contravencional de Salta de cuatro artículos sobre la identidad digital de las personas referentes a la difusión, publicación y facilitación de material de carácter íntimo sin consentimiento a través de medios electrónicos.
En ese marco se enmascara un artículo (el 50) que busca legislar sobre las denominadas fake news, apuntando a una sanción para quien "crea noticias falsas, infunda pánico, desacredite personas, o autoridades provinciales", entre los aspectos más importantes del artículo, siendo esta última parte el disparador de una polémica sobre la libertad de expresión y de prensa, y la puerta abierta al blindaje de funcionarios provinciales.
Al respecto, Socorro Villamayor aseguró que la iniciativa es eco de lo alcanzado por la legislatura de CABA sobre las contravenciones, y crea estas figuras de tal manera que quien dentro de la provincia tenga una sanción específica. Asimismo destacó el avance a nivel nacional con la media sanción como la Ley Olimpia y la ley Belén, sobre escrache social en las redes. No obstante, la defensa de los tres primeros artículos, la legisladora fue de lleno al polémico art. 50, asegurando que el mismo "no se circunscribe a lo político solamente" y que "se refiere a una situación que viene a proteger a la sociedad, porque se puede crear pánico social con una ideología u otra, y hasta llevar a situaciones de suicidio".
Blindaje a los funcionarios
Quien se manifestó en contra del proyecto fue la diputada Sofía Sierra que, por un lado, se declaró a favor de los articulados referentes a la identidad digital. En tanto al art. 50, advirtió sobre la inconstitucionalidad del mismo y "el blindaje a funcionarios públicos que va contra los estándares de libertad de expresión". En ese sentido, Sierra explicó sobre la existencia de una doctrina consolidada que establece a través del reclamo de daños y perjuicios dentro de lo civil, siempre en materia de libertad de expresión, y de la aplicación de contravenciones como acción en materia penal.
Más argumentos y silencio total
Otra de las autoras, la diputada Cristina Fiore, ponderó el proyecto y argumentó que se trata de una ley que va en coincidencia con las legislaciones internacionales sobre falsas noticias. Para ella, al ser de carácter privado, "queda zanjada la libertad de expresión".
En tanto, la diputada oranense Ramona Riquelme enfatizó: “Me siento halagada y protegida con esta ley, soy cuestionada permanentemente, y esta ley, como ciudadana común, me viene muy bien a mí”. Otra de las que tomó la palabra fue Isabel De Vita, otra periodista, que se manifestó más en función a los primeros artículos, pero nada en concreto sobre la avanzada a la libertad de expresión, como tampoco lo hicieron Víctor Lamberto, Mónica Juárez, ni Adrián Valenzuela, que optaron por el silencio total.
La iniciativa cuenta con media sanción y pasó a la Cámara de Senadores. No obstante, desde las entidades que nuclean a periodistas, aseguran que se manifestarán al respecto.