Meloni impulsa una reforma para restringir la ciudadanía italiana
La primera ministra endurece los requisitos para obtener la nacionalidad, desatando un intenso debate político y social.
El gobierno de Giorgia Meloni ha puesto en marcha un cambio significativo en la política de ciudadanía en Italia. La propuesta busca limitar el acceso a la nacionalidad italiana, especialmente para descendientes de inmigrantes y personas nacidas en el país de padres extranjeros.
La medida ha generado divisiones tanto dentro de la coalición gobernante como en la oposición, mientras distintos sectores de la sociedad expresan su preocupación por las posibles consecuencias.
El proyecto impulsado por Meloni plantea cambios en el criterio de adquisición de la ciudadanía.
Actualmente, Italia permite que descendientes de italianos en el extranjero obtengan la nacionalidad de manera relativamente sencilla, lo que ha beneficiado a miles de personas, especialmente en América Latina.
Con la nueva normativa, se establecerían límites más estrictos, exigiendo un vínculo más fuerte con el país, como residencia prolongada o pruebas de integración cultural.
Asimismo, el gobierno busca restringir la ciudadanía para hijos de inmigrantes nacidos en Italia. Hasta ahora, estos menores podían acceder a la nacionalidad al cumplir los 18 años si habían residido en el país de forma continua.
La reforma de Meloni endurecería este requisito, obligando a demostrar integración lingüística y social antes de obtener el pasaporte italiano.
Fracturas en la coalición y críticas de la oposición
La iniciativa ha generado tensiones dentro del propio gobierno. Mientras sectores de la extrema derecha apoyan la medida como una forma de proteger la identidad italiana, aliados más moderados temen que pueda afectar la imagen del país y generar conflictos diplomáticos, especialmente con naciones de América Latina.
Desde la oposición, el Partido Democrático y el Movimiento 5 Estrellas han criticado duramente la reforma, calificándola de “discriminatoria” y argumentando que dificultará la integración de jóvenes nacidos y criados en Italia.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos también han expresado su rechazo, señalando que la normativa podría generar ciudadanos de segunda clase.
Fuente: La Nación