Milei firmó el DNU que habilita el acuerdo con el FMI
El presidente Javier Milei ya firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que habilita al Gobierno nacional a negociar con el Fondo Monetario Internacional, según confirmó a Ámbito una alta fuente oficial, y será publicado en el Boletín Oficial mañana. De esta manera, el Gobierno entra en la etapa final de la gestión del nuevo acuerdo.
Al aporte del Fondo se sumarían aproximadamente u$s 6.000 millones del Banco Mundial y u$s 4.000 millones del BID. El total sumaría cerca de u$s 20.000 millones.
“Se dictará y remitirá al Congreso Nacional un Decreto de Necesidad y Urgencia para obtener su apoyo en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”, había anunciado el Gobierno en un comunicado difundido el jueves pasado.
Además, se indicó que la operación con el FMI será utilizada para cancelar deuda existente con el Banco Central y su resultante neto “implicará una reducción del total de la deuda pública”. Por el momento se desconocen los detalles de las negociaciones que lleva adelante el gobierno de Milei con las autoridades del organismo.
Únicamente aclararon que el entendimiento “permitirá fortalecer el balance del Banco Central”, aseguró la Oficina del Presidente a través de un comunicado, lo cual caratularon como un “hito esencial para consolidar la estabilidad monetaria, financiera y macroeconómica y continuar con el proceso de desinflación y de liberación de las restricciones cambiarias”.
Denuncia penal contra Milei por el acuerdo con el FMI vía DNU
Diputados nacionales de Unión por la Patria (UP) presentaron una denuncia penal contra el presidente contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
El escrito lleva las firmas de los legisladores Juan Marino, Hugo Yasky, Daniel Gollán, Julio César Pereyra, Sabrina Selva, Victoria Tolosa Paz y Brenda Vargas Matyi, con el patrocinio de Eduardo Barcesat.
En la presentación, los denunciantes consideran que el DNU de Milei viola los artículos 75 (incisos 4°, 7° y 22°) y 76 de la Constitución Nacional, que establecen que cualquier endeudamiento con organismos internacionales debe ser aprobado por el Congreso.
A la par, se advierte que el Gobierno estaría usurpando funciones exclusivas del Poder Legislativo y que el DNU constituye un acto de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.