Milei veto las leyes de aumentos en jubilaciones y suspendió la emergencia en discapacidad

Milei firmó los vetos a tres leyes aprobadas por el Parlamento. Se suspenden los aumentos en jubilaciones, la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. El Congreso deberá reunir dos tercios para anular la decisión.
El presidente de la Nación promulgó el decreto 534/2025 para rechazar tres normas sancionadas en julio por el Senado. Entre las leyes vetadas se encuentra un aumento del 7,2 % en jubilaciones y pensiones, el incremento del bono para quienes cobran haberes mínimos y la reapertura de la moratoria previsional por dos años. También se anuló la ley que declaraba la emergencia en discapacidad, que contemplaba prestaciones, transporte y actualización de pensiones no contributivas.
El aumento proyectado incluía un bono que pasaba de 70.000 a 110.000 pesos mensuales y se actualizaba por inflación. La moratoria permitía sumar años de aporte para alcanzar el haber mínimo. La emergencia en discapacidad buscaba asegurar prestaciones hasta 2027 y regularizar pagos a prestadores y trabajadores asistidos.
Desde el Ejecutivo se argumentó que estas iniciativas representan un gasto extra equivalente a entre 1 % y 1,7 % del PBI. Se criticó la falta de fuentes de financiamiento, la ausencia de cálculos actuariales y supuestas irregularidades en el tratamiento legislativo en el Senado.
Además, el Gobierno ya inició negociaciones con gobernadores y aliados parlamentarios para asegurar el apoyo necesario en Diputados y evitar que se rechace el veto.
Los opositores impulsan una sesión especial en Diputados para el miércoles 6 de agosto. Intentarán reunir la mayoría calificada de dos tercios para insistir con las leyes vetadas. Mientras tanto, también convocaron movilizaciones de jubilados frente al Congreso.
El proyecto rechazado cambia la fórmula de movilidad y fija un piso mínimo de actualización por encima del actual régimen de ajustes por decreto. Para el gobierno, el cálculo fiscal no era compatible con su plan de déficit cero. Entre los argumentos también se mencionó que la moratoria podía distorsionar incentivos laborales formales y amplificar pasivos previsionales estructurales.
La emergencia en discapacidad apuntaba a beneficiar a un millón y medio de personas con Certificado Único de Discapacidad. Incluía movilidad y actualización salarial para trabajadores con discapacidad en talleres asistidos. El Ejecutivo consideró que la medida implicaba déficit estructural sin respaldo financiero válido.
Fuente: Ámbito Financiero