Monseñor Scozzina sobre la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada “Esto es entregar soberanía”
El obispo de Orán, monseñor Luis Scozzina, cuestionó el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y advirtió que la eliminación de las restricciones sobre la compra de tierras puede favorecer la concentración territorial en manos de los sectores con mayor poder económico.
En una entrevista realizada por el periodista Héctor Alí para FM Pacífico, el prelado explicó que la posición de la Iglesia católica no responde únicamente al debate abierto en el Congreso, sino que se fundamenta en principios históricos de su doctrina social, entre ellos la búsqueda del bien común, la justicia social y el destino universal de los bienes. Scozzina remarcó que esa concepción no desconoce el derecho a la propiedad privada, pero tampoco permite considerarlo como un derecho absoluto, aislado de las consecuencias que produce sobre la sociedad y las comunidades. “La Iglesia católica no está en contra de la propiedad privada, pero le pone un límite en función del bien social”, explicó.
“La hipoteca social de la propiedad”
Para desarrollar esa posición, el obispo recordó el concepto de “hipoteca social” utilizado por Juan Pablo II. Según ese principio, quien posee una propiedad mantiene derechos sobre ella, pero también obligaciones respecto de la comunidad y del destino colectivo de los bienes. Scozzina destacó que esa definición fue sostenida por un Papa que había atravesado la experiencia del comunismo en Polonia, por lo que no podía interpretarse como un desconocimiento de la propiedad privada. La doctrina católica, explicó, reconoce ese derecho, pero lo condiciona al bien común y a la justicia social. Además, consideró que el proyecto altera el equilibrio entre el derecho individual del propietario y los derechos de quienes habitan, utilizan o mantienen una relación histórica con el territorio. Esa preocupación adquiere una dimensión particular en el norte argentino, y frente a este marco, Scozzina relacionó ese escenario con el avance de actividades extractivas y con la situación de otras regiones del país en las que también existen disputas por la tierra y los bienes naturales. En ese sentido, mencionó los pronunciamientos realizados por sectores de la Iglesia de Neuquén y las advertencias planteadas desde distintas diócesis.
Contra el argumento oficial
El Gobierno presenta la iniciativa como una herramienta para fortalecer la seguridad jurídica, atraer inversiones y permitir que la tierra alcance un valor acorde con el mercado. Scozzina cuestionó esa explicación porque, según sostuvo, no explicita quiénes cuentan realmente con los recursos necesarios para acceder a las grandes extensiones que podrían ponerse a la venta. “Lo que no están diciendo es que se están poniendo en manos de unos pocos y de los que más poder tienen y más posibilidad económica de quedarse con la tierra”, afirmó.
Para el obispo, el argumento oficial encubre una relación desigual entre quienes necesitan la tierra para vivir, producir o sostener su comunidad y los actores económicos que pueden adquirirla como inversión o incorporarla a operaciones inmobiliarias de gran escala. “Es muy encubridor el argumento que utiliza el Gobierno”, sostuvo durante la entrevista.
El tramo más crítico de la entrevista estuvo dirigido a los legisladores del interior del país y, particularmente, a los representantes salteños que deberán intervenir en la discusión parlamentaria. Scozzina cuestionó que se reivindique la lucha de Martín Miguel de Güemes por la defensa del territorio mientras se acompañan medidas que, desde su perspectiva, pueden facilitar la concentración y extranjerización de las tierras. “Me preocupan mucho los legisladores del interior, particularmente nuestros legisladores salteños y los del norte, que reivindican tanto la figura de la lucha por el territorio como lo fue Güemes”, expresó. A continuación, lanzó una de sus advertencias más fuertes: “Con el poncho de Güemes estamos haciendo un acto de entrega, porque es entregar soberanía y entregar derechos de las comunidades”. Finalmente, el prelado interpeló a los legisladores y aseveró que no resulta coherente invocar la fe católica y, al mismo tiempo, acompañar medidas que contradicen los principios centrales de la doctrina social de la Iglesia.