Movimientos de mujeres querellan a los 3 Poderes del Estado por actuar sin perspectiva de género
El Movimiento de Mujeres y disidencias sexuales querellaron al Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo de Salta, a la Procuración General de la Nación y Consejo Nacional de la Magistratura”, por negar y violar derechos de Mujeres e identidades feminizadas. El caso Natalia Buira fue presentado como prueba.
El documento fue leído en la marcha por el 25 N, fecha en la que se recordó el Día Internacional contra la violencia de Género, y en la que marcharon miles de mujeres por el centro salteño.
En el escrito presentado por la Multisectorial de Mujeres de Salta, Frente de Jubiladas de Salta, Confederación General de Trabajadoras y Pensionadas de la Argentina y La Fuerza de las Mujeres y que publica laotravozdigital.com, las organizaciones explican que al querellar buscan "visibilizar y repudiar la arbitrariedad, direccionalidad, inmoralidad -analizadas desde la perspectiva feminista, lesbotravestitransfeminista-con la que se administra justicia en Salta".
Manifestaron que la presentación encuentra fundamento normativo, de acuerdo a las violaciones flagrantes, de lo dispuesto por la Constitución Nacional, Código Procesal Penal, Código Penal Argentino, Código Civil de la Nación y tratados internacionales que tienen rango constitucional como la Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre (de las mujeres e identidades feminizadas), Declaración Universal de Derechos Humanos; Convención Americana sobre Derechos Humanos; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros.
Pruebas
Es así que, fundamentaron la querella en el caso de la defensora Oficial Natalia Buira, quien fue objeto de violencia de género de parte del juez de Personas y Familia, Víctor Raúl Soria, quien gozaría de un "privilegio patriarcal".
"En el Juzgado de Violencia de Género, no hicieron lugar a ninguna medida y llamaron a las partes a conciliar ¡a conciliar! Cuando hasta las más legas, sabemos que, en los casos de violencia de género, se dictan medidas cautelares de inmediato y actúa el fuero penal si hubo agresiones físicas o desobediencia judicial", expusieron.
Detallaron que luego de la apelación correspondiente, la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial N° 2 dictó las medidas de protección, entre ellas, la prohibición de acercamiento, que el juez denunciado incumplió en dos oportunidades.
Buira denunció dos veces a Soria: una realizada el año pasado y la otra en marzo de ese año, y sólo toman la denuncia de este año. La fiscal interviniente solicitó las cámaras de seguridad que acreditaban la desobediencia judicial del juez Soria y no las pudo obtener. Asimismo, Soria prometió realizar su descargo en cinco días, pero lo presentó a los dos meses y con las filmaciones de cámaras de seguridad como prueba. En virtud de esa presentación, la jueza Ada Zunino, dictó el auto de sobreseimiento argumentando que los cruces entre Buira y Soria se seguirían dando porque ambos comparten el mismo lugar de trabajo. Ante las críticas públicas de Buira sobre el fallo de Zunino, ésta la amenazó con querellar. La causa, después de un año, se encuentra en el Tribunal de Impugnación.
"Nos queda la amarga reflexión: si no hay justicia para una Defensora Oficial, quien ocupa un espacio de poder dentro de la estructura judicial, qué acceso a la justicia pueden obtener las niñas y mujeres e identidades feminizadas, pobres, campesinas, originarias, obreras, trabajadoras desocupadas, mujeres y personas lesbianas, travestis y trans? La respuesta es obvia: ninguna. Las respuestas, que los institutos jurídicos y políticos mencionados Ut Supra (difícil diferenciar, cuando jamás la política se judicializó tanto como ahora) son una de las grandes deudas de la democracia con nosotras", sentenciaron.