Municipios, la difícil tarea de gestionar con menos recursos, entre denuncias y obras
La caída de la coparticipación, la reducción de transferencias y el freno de la obra pública nacional condicionan a las comunas salteñas.
Mientras algunas arrastran denuncias o causas vinculadas con el manejo de fondos —en varios casos correspondientes a administraciones anteriores—, otras buscan sostener servicios y obra pública. Tartagal presenta un extenso balance de intervenciones realizadas durante la gestión de Franco Hernández Berni.
La realidad socioeconómica del país también golpea las puertas de los municipios.
Menores recursos, caída de la recaudación, reducción de transferencias y una obra pública nacional fuertemente retraída obligaron a muchas comunas del interior a replantear prioridades y administrar con márgenes cada vez más estrechos.
En Salta, los propios intendentes vienen advirtiendo sobre esta situación. En abril, el presidente del Foro de Intendentes, Marcelo Moisés, sostuvo que la coparticipación registró una merma aproximada del 20% entre 2024 y 2025 y que, durante 2026, la caída rondaba entonces el 14%. La disminución de ingresos llegó a comprometer en algunos municipios el pago de salarios y el sostenimiento de servicios esenciales.
Pero dentro de ese contexto común aparecen realidades muy diferentes. Algunas administraciones —actuales o anteriores— quedaron bajo cuestionamientos políticos, auditorías, denuncias o investigaciones relacionadas con el manejo de recursos públicos. Otras intentan poner el acento en servicios y obras, aun con las limitaciones financieras.
Orán: cuestionamientos desde el Concejo
En Orán, la concejal opositora Alejandra Pato cuestionó en abril la administración del intendente Baltasar Lara Gros por el manejo presupuestario, la ejecución de obras y la falta de respuestas a pedidos de informes.
Según sostuvo la edil, entre 2024 y 2025 habría quedado sin ejecutar cerca del 70% del presupuesto destinado a infraestructura. También planteó interrogantes sobre fondos recibidos para determinadas obras. Se trata de cuestionamientos formulados por una dirigente opositora y no de irregularidades establecidas judicialmente.
La Municipalidad de Orán, por su parte, ha informado durante la gestión la ejecución de distintas obras y sostiene haber adoptado medidas destinadas a transparentar y ordenar el manejo de los recursos.
Güemes: una denuncia contra la gestión anterior
Una situación diferente se presenta en General Güemes.
El actual intendente, Carlos “Kety” Rosso, denunció penalmente a su antecesor, Sergio Salvatierra, luego de una auditoría interna. Según lo informado por Rosso, la presentación incluye presuntas irregularidades financieras y administrativas, falta de rendiciones y cuestionamientos sobre el destino de fondos nacionales.
Entre los casos mencionados aparecen $20 millones provenientes de programas destinados a asistencia alimentaria. Al tratarse de hechos denunciados, las eventuales responsabilidades deberán ser determinadas judicialmente.
San Carlos: un exintendente imputado
En San Carlos, la situación avanzó al terreno judicial.
En agosto de este año, la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) imputó provisionalmente al exintendente Héctor Raúl Vargas por incumplimiento de los deberes de funcionario público, tres hechos de peculado y dos de falsedad ideológica de documento público.
La investigación abarca operaciones con terrenos destinados a un loteo social, fondos correspondientes a un programa nacional y retiros de una cuenta municipal por más de $64 millones. La imputación es provisional y Vargas conserva, naturalmente, su estado de inocencia mientras no exista sentencia firme.
San Lorenzo: una causa que terminó en condena
El caso de San Lorenzo llegó más lejos.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada luego de que el actual intendente, Manuel Saravia, dispusiera una auditoría sobre la administración de su antecesor, Ernesto “Kila” Gonza.
En marzo de 2026, Gonza fue condenado a cinco años de prisión efectiva e inhabilitación absoluta perpetua por cinco hechos de peculado y uno de negociaciones incompatibles con la función pública. Como registraba una condena anterior, el Tribunal unificó las penas y estableció siete años de prisión efectiva.
Los casos son diferentes entre sí y no admiten una misma valoración: hay cuestionamientos políticos, denuncias que deberán investigarse, una imputación provisional y, en San Lorenzo, una sentencia condenatoria.
Pero sirven para mostrar otra cara de la compleja realidad que atraviesan las administraciones municipales salteñas.
Tartagal pone el acento en la obra pública
En ese mismo escenario de restricciones financieras, Tartagal busca mostrar otra faceta de la gestión municipal: la continuidad de obras y servicios.
La administración encabezada por el intendente Franco Hernández Berni presentó, ante una consulta de Nuevo Diario, un extenso detalle de intervenciones realizadas desde el inicio de su mandato, con particular énfasis en infraestructura educativa.
El listado cobra relevancia frente a la retracción de la obra pública nacional, aunque también corresponde distinguir entre trabajos financiados o ejecutados por el municipio y aquellos realizados mediante la articulación con el Gobierno provincial, por gestiones realizadas por el actual intendente.
Esa cooperación puede comprobarse en distintas intervenciones. En febrero, por ejemplo, autoridades del Ministerio de Educación y del municipio recorrieron nueve establecimientos de Tartagal donde se ejecutaban ampliaciones, nuevos sanitarios, cocinas, espacios administrativos, aulas y un tinglado.
En marzo quedó inaugurada la ampliación de la escuela Lapacho I, con tres nuevas aulas, sanitarios y ampliación del playón.
Las escuelas, uno de los principales frentes
Según el detalle proporcionado por la comuna, desde el inicio de la gestión se realizaron obras de distinta magnitud en establecimientos educativos urbanos y rurales.
Entre ellas aparecen reparaciones de techos, colocación de cerámicos, cerramientos perimetrales, trabajos en cocinas y comedores y ampliaciones de aulas y sanitarios en establecimientos de Tranquitas, Misión Cherenta, Misión Chorotes, Kilómetro 6, La Mora, Lapacho 1, San José de Yacuy, Tonono, El Bobadal, Pacará y Villa Saavedra, entre otros puntos.
También se construyeron tinglados en las escuelas Cacique Cambai y Luis María Preti y se realizaron planes de puesta a punto y mantenimiento en decenas de establecimientos antes del comienzo de los ciclos lectivos.
Algunas de esas intervenciones pueden verificarse también en la información provincial. En abril, por ejemplo, se inauguraron obras de ampliación en la Escuela 4249 Asamblea de Dios, de Kilómetro 6.
La articulación Provincia-Municipio no se limita al área educativa. Durante 2025 fueron inauguradas en distintos barrios obras de pavimento, iluminación, redes de agua y cloacas, conexiones domiciliarias y mejoras urbanas ejecutadas conjuntamente.
Playones, plazas, electricidad y gas
Fuera de las escuelas, el balance suministrado por el municipio incluye la construcción de 14 playones, mantenimiento y mejoras en otras 14 plazas y paseos, además de intervenciones sobre la red eléctrica.
También se informó la ampliación de la red de gas natural en dos barrios, con 160 conexiones domiciliarias realizadas y otras 230 en ejecución.
A ello se agregan obras que exceden la órbita estrictamente municipal, pero tienen impacto directo sobre la ciudad. Una de las más importantes es la optimización del sistema de agua potable en Comunidad Vitiche y barrio 9 de Julio, que a fines de agosto presentaba un avance del 95% y que, según el Gobierno provincial, beneficiará a más de 30 mil vecinos.
El volumen de obras permite dimensionar la actividad desarrollada, aunque la cantidad por sí sola no alcanza para evaluar una administración. Para completar el balance será necesario conocer montos invertidos, fuentes de financiamiento, porcentajes de ejecución y qué proporción corresponde efectivamente a recursos municipales y provinciales.
Menos cargas para comerciantes
En paralelo, la administración municipal adoptó medidas que, según informó la comuna, buscan aliviar determinadas cargas sobre comerciantes y emprendedores.
A propuesta del Ejecutivo municipal fueron eliminadas tres tasas: publicidad y propaganda; sellado anual del cuaderno de inspección comercial; y colocación de mesas.
La decisión incorpora otra variable al debate municipal: hasta dónde puede reducirse la presión tributaria local sin comprometer los recursos necesarios para sostener servicios y obras.
Y acaso allí aparezca la sentencia central que atraviesa no solamente a Tartagal, sino a buena parte de los municipios salteños.
Cuando los recursos escasean, administrar también significa elegir.