Murió el joven que habría sido golpeado por policías en General Mosconi
Ayer, tras la muerte de Franco Darío Centurión, de 29 años, el fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel Alejandro González, remitió las actuaciones al fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega.
El fiscal Gabriel Alejandro González, como se informó, llevaba adelante la investigación por la posible comisión del delito de apremios ilegales cometido por efectivos policiales de la Comisaría 45 de General Mosconi y de la División Motorizada.
La intervención de la fiscalía se produjo a partir de la denuncia radicada por el padre de Centurión el 17 de diciembre, en la Fiscalía de Derechos Humanos de Tartagal.
En su denuncia, el padre indicó que el joven de 29 años, quien padecía leucemia y era un paciente trasplantado, fue interceptado junto a un amigo a bordo de una moto por personal policial motorizado, en inmediaciones de un hotel ubicado sobre ruta nacional 34, para luego ser trasladado a la Unidad Regional 4 y posteriormente a la Comisaría 45 de General Mosconi, donde permaneció detenido durante dos semanas y habría sido golpeado por parte de los efectivos policiales.
De la denuncia, también surgió que el joven debió ser internado a los pocos días de recuperar su libertad en el hospital Juan Domingo Perón de Tartagal y posteriormente fue derivado al hospital San Bernardo, donde murió.
Ahora, el fiscal Gonzalo Ariel Vega dispuso una serie de medidas tendientes al esclarecimiento del hecho investigado, entre ellas, el traslado del cuerpo del joven al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde cumplidos los protocolos sanitarios vigentes, se le realizará la autopsia y estudios anatomopatológicos para determinar la causa del fallecimiento, como así también la remisión de la historia clínica actualizada.
Incompetencia
El fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, requirió ante el Juzgado de Garantías 1 de Tartagal, la incompetencia material de la causa en la que un hombre de nacionalidad boliviana, fue imputado por la supuesta comisión de los delitos de atentado contra la seguridad pública y la salud de la población.
Del requerimiento, surgió que el 30 de marzo de 2.020, en el local comercial del acusado, ubicado en la avenida San Martín de Santa Victoria Este, personal del SENASA, incautó 300 bidones de 20 litros cada uno, que estaban vacíos y en venta.
El fiscal Cazón sostuvo que dichos bidones con contenidos químicos utilizados para el agro, representaban un serio problema de salud, principalmente para las comunidades aborígenes del Chaco salteño.
Ante lo mencionado y al tener en cuenta las claras violaciones a la Ley Nacional 27.270, requirió la declaración de la incompetencia material y su remisión al Juzgado Federal.