Nación derogó el Registro Nacional de Comunidades Indígenas
El Gobierno Nacional decretó ayer martes la derogación del Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Renaci). Se trata de una nueva desvinculación y una muestra clara del desinterés en las políticas vinculadas con los pueblos originarios.
Así, mediante la Resolución 53/2024, fija: “establecer la suspensión de todas las solicitudes en trámite de inscripción de las comunidades indígenas que se encuentran actualmente en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RE.NA.C.I.), sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos o que se cumplan”.
El Renaci funciona desde 1989, durante el gobierno de Menem, a través de la Reglamentación de la Ley Nº 23.302, norma aprobada durante la gestión de Alfonsín. Funcionaba bajo la órbita del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Su objetivo era tener actualizada la nómina de comunidades indígenas inscriptas y no inscriptas del país. Las comunidades inscriptas en el registro están protegidas bajo el Convenio sobre poblaciones indígenas y tribuales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Ley sobre Política Indígena y apoyo a las Comunidades Aborígenes.
Como argumento para “abrogar” el Renaci, el Gobierno Nacional afirma en sus considerandos: “los organismos provinciales se encuentran en mejores condiciones para conocer las necesidades que tienen las comunidades indígenas en el ámbito de sus jurisdicciones”.
Demanda de los pueblos indígenas ante la ONU
Referentes de comunidades indígenas de Jujuy junto al Centro de Recursos Jurídicos para los Pueblos Indígenas (ILRC) viajaron a Ginebra para denunciar, en el marco de la 57ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, las graves violaciones a los derechos indígenas que ocurren en Jujuy y todo el territorio argentino.
Néstor Jerez, dirigente del pueblo indígena Ocloya e integrante del Tercer Malón de la Paz, y Beatriz Gutiérrez, dirigente Kolla de la zona de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayo, expusieron en el panel sobre las recientes políticas discriminatorias y la represión violenta llevadas a cabo por el gobierno provincial contra las comunidades indígenas durante el jujeñazo ocurrido en 2023.
En un documento difundido por ILRC se denunció que las reformas a la Constitución provincial de Jujuy “se han llevado a cabo sin respetar el principio jurídico bien establecido del Consentimiento Libre, Previo e Informado establecido en el Convenio 169 de la OIT, y ratificado por Argentina en 1992”. Esta omisión, aseguran los expertos, viola directamente los artículos 3, 4, 19 y 26 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Cabe resaltar que dicha reforma constitucional se enmarca en la política nacional de promoción de la explotación del litio que, desde la aprobación de la Ley Bases, tiene su vía libre a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).