Narcotesteo: el Senado convirtió en ley el DNU que impone exámenes a funcionarios públicos

En sesión extraordinaria convocada por el Ejecutivo, la Cámara Alta aprobó este jueves por unanimidad la obligatoriedad de test toxicológicos para asumir y permanecer en cargos públicos provinciales y municipales. La norma prevé controles sorpresivos, pero abre interrogantes sobre su reglamentación, lo cual generó debates sobre consumos problemáticos y prácticas culturales como el coqueo.

Bajo la presidencia del vicegobernador Antonio Marocco y con la presencia de 22 senadores, la Cámara Alta dio tratamiento al Decreto de Necesidad y Urgencia N° 32, remitido por el Ejecutivo en el marco de los artículos 112 y 44 inciso 11 de la Constitución Provincial. El DNU había sido dictado por el gobernador Gustavo Sáenz y, conforme al artículo 145 de la Carta Magna local, debía ser enviado a la Legislatura dentro de los cinco días. De no ser tratado en 90 días, quedaba automáticamente convertido en ley. El Senado decidió no esperar: lo aprobó por unanimidad y lo transformó en norma vigente sin necesidad de intervención de la Cámara de Diputados. El expediente (N° 90-34.090/2026) contó con dictamen favorable de las comisiones de Salud Pública y Seguridad Social y de Adicción, Tráfico y Consumo Ilícito de Drogas.

A quiénes alcanza la ley

La obligatoriedad de exámenes toxicológicos se aplicará como requisito para asumir o permanecer en cargos y funciones públicas. La nómina es amplia y atraviesa los tres poderes del Estado y los municipios. Incluye al Gobernador y Vicegobernador; ministros, secretarios y subsecretarios; autoridades de organismos autárquicos y sociedades del Estado; síndico general y fiscal de Estado; ministros de la Corte de Justicia; autoridades del Ministerio Público; jueces, fiscales, defensores y asesores; auditores generales; diputados y senadores provinciales; intendentes y concejales. También se establece que será condición de ingreso a la administración pública la realización del examen toxicológico, configurando causal de inadmisibilidad su resultado positivo en los términos que defina la reglamentación. La norma prevé, además, controles sorpresivos mediante pruebas rápidas homologadas por la autoridad sanitaria competente, realizadas por personal habilitado y en el lugar donde el funcionario cumpla funciones.

Qué detectan los estudios

El examen apunta a la detección de sustancias prohibidas y sus metabolitos, incluyendo opioides, derivados del cannabis, cocaína y afines, así como cualquier sustancia que, sin prescripción médica informada, actúe sobre el sistema nervioso central y genere alteraciones del comportamiento incompatibles con el ejercicio de la función pública. En el debate quedó claro que el texto requiere reglamentación para su aplicación concreta, especialmente en lo relativo a procedimientos, periodicidad, resguardo de derechos y consecuencias ante resultados positivos.

El enfoque sanitario y la aptitud para el cargo

El senador Paillier, presidente de la Comisión de Salud, detalló el análisis técnico de la norma. En esa línea, la senadora por Rosario de Lerma, Leonor Minetti, puso el acento en el carácter social del problema de los consumos problemáticos. “Somos testigos a diario de cómo muchas familias y comunidades lidian con una de las mayores tragedias sociales”, sostuvo, y remarcó que la recuperación debe ser la premisa frente a quienes padecen esta enfermedad, evitando el castigo y la invisibilización. Sin embargo, planteó que garantizar la aptitud de quienes ejercen la función pública es indispensable. “La falta de aptitud puede configurar un potencial riesgo que atente contra la ciudadanía y los bienes del Estado”, afirmó, y defendió los testeos sorpresa como herramienta de control institucional. Desde el oficialismo, la senadora Alejandra Navarro fundamentó la iniciativa en la Constitución Provincial y en los principios que obligan a que quienes integran los poderes del Estado se encuentren en condiciones físicas y psíquicas adecuadas para el cumplimiento de sus deberes. Aseguró que la implementación no tiene un fin sancionatorio sino de control institucional, orientado a garantizar estándares de integridad. “A quienes estamos comprendidos no debería preocuparnos ni el lugar ni el momento en que estos exámenes sean realizados”, expresó, y propuso incluso que los antecedentes penales y los exámenes toxicológicos sean requisitos también a nivel nacional.

Las críticas libertarias

El senador Roque Cornejo, de La Libertad Avanza, acompañó la iniciativa, pero recordó que en las últimas elecciones de medio término los candidatos libertarios fueron los únicos en presentar certificados de antecedentes penales y exámenes toxicológicos, más exigentes que los requeridos por la legislación nacional. Sostuvo que la política debe dar el ejemplo y “encarnar la ejemplaridad que exige la sociedad”. No obstante, también cuestionó que el Ejecutivo convoque a extraordinarias para este tema y no para abordar otras urgencias, como las inundaciones en departamentos afectados por las lluvias del verano o la falta de planificación en agua, salud pública, educación y seguridad.

Coca, cultura y ciencia

Uno de los puntos más singulares del debate lo introdujo el senador por Iruya, Walter Cruz, al referirse al consumo tradicional de hoja de coca, práctica extendida en el norte andino. Cruz recordó la dimensión cultural, espiritual y medicinal de la planta en los pueblos originarios y señaló que históricamente fue considerada sagrada antes de que, con la extracción química de la cocaína, se la asociara al delito y la dependencia. Explicó que el coqueo disminuye el hambre, el cansancio y el frío, razones por las cuales es habitual en zonas de altura y condiciones adversas. Planteó la necesidad de que la ciencia pueda discernir entre la práctica cultural del coqueo y el consumo ilícito de cocaína, para evitar interpretaciones erróneas ante eventuales resultados positivos en los estudios. Aun con esas consideraciones, destacó la decisión política de avanzar con la ley y sostuvo que era necesario “dar una muestra a la sociedad”.

La aprobación fue unánime, y de este modo el Senado mostró alineamiento frente a una demanda social vinculada a la transparencia y la integridad en la función pública. La ley ya está vigente. Resta ahora la reglamentación que deberá definir cómo, cuándo y bajo qué garantías se implementarán los controles.