En un esfuerzo por intensificar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en la provincia, un grupo de senadores provinciales presentó una declaración solicitando que los legisladores nacionales por Salta gestionen la sanción de la Ley de Derribo.
La propuesta fue firmada por los senadores Juan Cruz Curá, Esteban D’Andrea, Walter Abán, Gonzalo Caro Dávalos, Dani Nolasco, Mashur Lapad, Walter Cruz, Jorge Soto, Luis Altamirano, Miguel Calabró, Carlos López, Leonor Minetti, Sonia Magno, Javier Mónico y Alejandra Navarro.
En este sentido, el senador Juan Cruz Curá, representante de Orán, subrayó la necesidad urgente de contar con esta herramienta legal. “La Ley de Derribo es fundamental para nuestro norte y es necesario que se avance en ella”, expresó.
Además, señaló la falta de gestiones por parte de los legisladores nacionales, una situación que, según él, afecta directamente a la seguridad de los salteños.
El proyecto de declaración plantea que los legisladores nacionales deben realizar los trámites necesarios para la aprobación de esta ley. Igualmente, los senadores solicitaron que el Poder Ejecutivo Nacional provea el recurso humano y las herramientas adecuadas para reforzar la seguridad en las fronteras internacionales de Salta, una región clave en la lucha contra el crimen organizado.
Curá explicó que, aunque en 2017 y 2018 se instalaron nuevos radares en la zona, el alcance de la vigilancia aún es insuficiente. “Para un mejor funcionamiento necesitamos la ley”, destacó.
Según el senador, la aplicación de la Ley de Derribo permitiría un control más efectivo del espacio aéreo, permitiendo a las fuerzas de seguridad interceptar vuelos ilegales que ingresen drogas o participen en otras actividades ilícitas.
¿Qué es la Ley de Derribo?
La Ley propuesta a nivel nacional permitiría a las fuerzas de seguridad interceptar e incluso derribar aeronaves sospechosas de tráfico ilícito en zonas críticas como las fronteras norteñas de Argentina. Esta legislación busca proporcionar un marco legal para autorizar la intervención en situaciones donde se detecten vuelos ilegales que podrían poner en riesgo la seguridad nacional.
Países como Brasil, Paraguay y Colombia ya implementan leyes similares para combatir el narcotráfico en sus zonas fronterizas, lo cual hace que, al no contar con una normativa equivalente, Argentina sea vulnerable como ruta de paso y distribución de sustancias ilegales.