Nepotismo en el Poder Judicial: En Salta y Jujuy 7 de los 17 jueces tienen familiares en la justicia
El abogado salteño Sebastián Aguirre Astigueta alertó en diálogo con Nuevo Diario sobre la gravedad del nepotismo en el sistema judicial y cómo este afecta la confianza pública y la eficiencia del servicio de justicia.
El nepotismo en el Poder Judicial argentino sigue siendo una práctica arraigada que afecta gravemente la credibilidad y la legitimidad de las instituciones judiciales. Un informe reciente elaborado por Connectas y Chequeado, basado en datos del Consejo de la Magistratura de la Nación y la Corte Suprema, reveló que al menos 46 de los 114 magistrados federales de 14 provincias tienen familiares trabajando en sus juzgados o en otras dependencias judiciales, lo que pone en evidencia el alcance de esta problemática.
El análisis incluyó a provincias como Córdoba, Salta, Jujuy, Mendoza, Chaco y otras, y detectó la presencia de 89 familiares de jueces desempeñándose en diversos cargos dentro de la estructura judicial, algunos en posiciones claves, como secretarios.
Alberto Binder, doctor en derecho y cofundador del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), fue contundente al señalar que el nepotismo es una práctica ilegal bajo la normativa vigente, pero matizó que no siempre constituye un delito. No obstante, consideró que es éticamente reprochable. Binder explicó que la permanencia de esta práctica se debe en gran parte a los elevados salarios que se pagan en el Poder Judicial, lo que convierte a los cargos en un “botín burocrático” muy codiciado, favoreciendo designaciones cruzadas entre jueces.
En tanto, el sociólogo Juan José Nardi agregó que este tipo de prácticas no solo genera conflictos internos, sino que también afecta el desarrollo de las carreras judiciales, al desdibujar la meritocracia y fomentar desigualdades dentro del sistema. Nardi introdujo el concepto de “familias de sangre y políticas” para describir cómo los vínculos de parentesco y los padrinazgos alimentan estas designaciones, afectando la imparcialidad y eficiencia del Poder Judicial.
Un problema que atraviesa la República
El incumplimiento de la Ley de Ingreso Democrático e Igualitario es una de las principales críticas al funcionamiento del Poder Judicial en Argentina. La norma, sancionada hace más de una década, buscaba erradicar la designación de familiares y allegados a través de concursos públicos abiertos y transparentes. Sin embargo, los hechos demuestran que la ley ha sido incumplida sistemáticamente.
En esa línea, el abogado salteño Sebastián Aguirre Astigueta insistió en que la falta de cumplimiento de esta ley pone en tela de juicio la idoneidad de muchos funcionarios judiciales. “El nepotismo, junto con el amiguismo, resiente la independencia y la imparcialidad de la Justicia, afectando gravemente el servicio que ésta debería prestar”, afirmó. Además, señaló que esta práctica genera una crisis de legitimidad en el sistema judicial, minando la confianza de la ciudadanía.
“Los empleos deben ser cubiertos por concursos públicos de antecedentes y oposición, abiertos y muy exigentes, para elegir a los más idóneos conforme lo señala la Constitución Nacional. En cambio, prolifera la falta de transparencia, el amiguismo y en gran cantidad de casos, el nepotismo. El informe, realizado por Connectas y Chequeado, se fundamenta en una base de datos elaborada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). En Jujuy y Salta: 7 de los 17 jueces cuentan con familiares en el sistema de justicia”, pormenorizó, y añadió: “Todo ello colabora en poner en un cono de sombra la idoneidad, independencia e imparcialidad de gran parte de la Justicia Federal, objetivo político de la Constitución”.
La Acordada 18/24 y el Silencio de la Corte
La Corte Suprema intentó abordar este tema a través de la Acordada 18/24, emitida el 17 de mayo de 2024, donde el juez Ricardo Lorenzetti llamó la atención sobre la designación de personal “sin concurso, basado en la amistad o parentesco”. Lorenzetti, en una posición minoritaria, defendió la necesidad de concursar los cargos para respetar el mérito y evitar el nepotismo. Sin embargo, la Corte Suprema aún no ha reglamentado la mencionada ley de ingreso democrático, perpetuando un vacío normativo que ha permitido la continuidad de estas prácticas.
En provincias como Córdoba, el informe detectó que 12 de los 20 jueces federales tienen familiares designados en la misma jurisdicción. Si bien no todos estos casos pueden ser calificados como nepotismo, el volumen sugiere una fuerte influencia de los lazos familiares en el acceso a empleos en la Justicia Federal.
Por la erradicación
Continuando con su análisis, Astigueta hizo un llamado a los Colegios de Abogados, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil para que exijan el cumplimiento de la ley y se promueva una reforma profunda en el Poder Judicial. “Es hora de que estos organismos, junto con la ciudadanía, pongan el grito en el cielo y reclamen un cambio”. En ese aspecto instó a que los concursos públicos sean rigurosos, transparentes y accesibles para todos los ciudadanos, de manera que los cargos sean ocupados por los más aptos y no por quienes tienen conexiones familiares o política.
Para Astigueta, la solución pasa por la plena implementación de la Ley de Ingreso Democrático y por una mayor regulación de los procesos de selección en el Poder Judicial, tanto a nivel federal como provincial. “Se resiente el servicio de Justicia, se gastan ingentes recursos en el funcionamiento de un sistema que no los trabajan los más aptos. De ahí la crisis de legitimidad y confianza de la gente en el Poder Judicial. Con razón decía Rosenkrantz que son los propios integrantes de la Justicia los responsables”, concluyó.