Ni Una Menos: 10 años de lucha al ajuste, el vaciamiento estatal y la complicidad judicial

Este martes 3 de junio, Salta y el país vuelven a tomar las calles. A una década del primer “¡Ni Una Menos!”, ese grito que emergió del horror ante el femicidio de Chiara Páez y que desató una movilización histórica contra la violencia machista, las demandas se repiten con la misma urgencia.

Lo que comenzó en 2015 como una reacción masiva al femicidio, se transformó en un movimiento estructural y persistente, que no deja de denunciar un entramado de violencias: físicas, simbólicas, institucionales y económicas, todas sostenidas por un sistema profundamente patriarcal y racista.

Diez años después: el grito sigue siendo el mismo

“Vivas nos queremos”, “Libres nos queremos”, “Gozantes nos queremos”. Las consignas resuenan en las calles salteñas con la misma fuerza de hace diez años, pero esta vez con el dolor acumulado de nuevas ausencias, de nuevas víctimas, de más impunidad.

En la provincia, la convocatoria para este nuevo #3J incluye concentraciones desde las 9:30 en Ciudad Judicial y desde las 16:00 hs en la Plaza 9 de Julio. Allí, se prevé una jornada de radio abierta, intervención artística comunitaria, pañuelazo, ritual a la Pachamama y, a las 18:00 hs, la marcha central. Un cierre previsto para las 19:30 hs coronará una jornada que promete ser, otra vez, símbolo de rabia, memoria y resistencia.

A nivel nacional, se cumplen diez años de ese primer grito articulado por periodistas, escritoras y activistas frente a un Estado que callaba mientras mataban a las mujeres. La semilla de Ni Una Menos germinó no sólo en la Argentina: inspiró movimientos feministas desde México a Alemania, articulándose con otras olas globales como el #MeToo. Sin embargo, a pesar de la masividad, los nombres de mujeres desaparecidas, asesinadas o víctimas de violencia institucional siguen creciendo.

Las deudas del Estado: ¿dónde están las desaparecidas?

Para Teresita Frías, periodista y referenta de la Asamblea Lesbotransfeminista, el Estado sigue sin responder a las preguntas más elementales: “¿Dónde están Yessica Gutiérrez, de La Caldera, desaparecida desde septiembre del año pasado, y Rosmery Aramayo, comerciante de Salvador Mazza, vista por última vez en enero de este 2025? ¿Qué pasó con Miriam Carolina Chavarría, desaparecida desde 2019? ¿Y con Viviana Lubik?”. La lista es dolorosa y creciente. En 2025, Salta ya lamenta los femicidios de Luciana Laciar Eckardt en Cerrillos, asesinada por el padre de su hija, y Estela Velarde, atacada brutalmente con un pico de albañilería. A ellas se suman muertes dudosas y sin respuestas institucionales: una adolescente de 17 años hallada muerta en Campo Santo, y Milagros Gutiérrez, fallecida en febrero en el Hospital San Bernardo.

“No es solo por la violencia física, también marchamos por quienes sufren violencias institucionales, como las mujeres internadas en el sistema de salud mental, que muchas veces viven medicalización forzada, abandono, encierros arbitrarios y tratos deshumanizantes. Y todo esto sucede en medio de una crisis económica feroz que tiene rostro de mujer. Porque somos nosotras quienes sostenemos los comedores, las ollas vacías, las redes de cuidado y afecto en los barrios. Somos las que trabajamos sin derechos, las más pobres entre los pobres, y las primeras en caer cuando el ajuste del gobierno nacional recorta todo”, remarcó.

Justicia patriarcal, violencia institucional

La violencia no es sólo física, es también institucional, y se reproduce con fuerza en el sistema judicial. Así lo denuncia Yanela Barrios, referente de Madres Protectoras de Salta: “La justicia no sólo no protege, sino que ataca, revictimiza, descree a mujeres y disidencias. Tenemos una justicia machista y violenta que actúa en complicidad con los abusadores, con los femicidas. Las penas no se cumplen, las medidas son retrógradas y muchas veces, cuando una madre denuncia, es acusada de obstrucción y les quitan a sus hijos”. Barrios advierte sobre una problemática que se extiende: la violencia vicaria, cuando los agresores utilizan a los hijos como medio para seguir violentando a las madres. “Estamos ante secuestros institucionales gravísimos. Hay una campaña para instalar el proyecto de ley de falsas denuncias impulsado por el Ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, y eso pone en riesgo aún más a mujeres y niños”, denuncia.

La activista advirtió sobre lo que llama una “Argentina pedófila”, donde el aparato estatal no sólo no protege, sino que avala mecanismos de impunidad para abusadores, muchas veces disfrazados de defensores de las infancias. En ese contexto, las Madres Protectoras y otros colectivos denuncian el desmantelamiento de políticas públicas de género y exigen una reforma urgente del Poder Judicial con perspectiva de género y de niñez.

“La justicia debería ser la que actúa, pero no actúa, para lo único que actúa el organismo es para seguir violentándonos, por eso exigimos y pedimos basta de violencia institucional del poder judicial, basta de tráfico de influencias, basta de violentarnos, basta de criminalizarnos, y abajo el proyecto de ley de falsas denuncias”, cerró.

Lesbianas, antirracistas, antipatriarcales: justicia por Andrea, Roxana y Pamela

Este 3J también lleva el grito por Andrea, Roxana y Pamela, víctimas del triple lesbicidio ocurrido en 2021 en Barracas, Buenos Aires. Su única sobreviviente, Sofía, exige justicia y reparación. “Las asesinaron por ser lesbianas. Justicia es que no vuelva a pasar”, señalan desde las agrupaciones LGTBIQ+ de Salta. El reclamo incluye una denuncia clara: “Dormir y despertar no puede ser un privilegio heterosexual, ni de clase ni de raza”.

Frente al retroceso en derechos y al avance de discursos de odio desde espacios institucionales, el movimiento feminista y disidente salteño se planta con firmeza: “Los discursos y las políticas de odio matan”.

En Argentina, en 2024, ocurrió un femicidio cada 39 horas.

Violencias múltiples en contexto de ajuste

A todo esto, se suma un contexto de crisis económica feroz. “Las políticas de ajuste también matan”, dice Frías. Y tiene razón. Son las mujeres quienes sostienen los comedores, las redes comunitarias, los barrios empobrecidos. Son las más afectadas por la inflación, la informalidad y los recortes del gobierno nacional en políticas públicas. “La deuda es con nosotras”, repiten una y otra vez.

Amnistía Internacional advirtió en su último informe sobre el desmantelamiento progresivo de las instituciones encargadas de la protección de derechos de mujeres y disidencias. El cierre de programas, la falta de presupuesto, y la inacción ante los casos de violencia, marcan un retroceso alarmante que impacta directamente sobre los cuerpos más vulnerables.

Retroceder no es opción

A lo largo de esta década, hubo avances significativos que tuvieron como fin cumplir con las consignas propuestas en aquella histórica primera movilización:

-Se implementó un registro oficial de femicidios a cargo de la Corte Suprema de Justicia.

-Se creó el Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género.

-Se sancionó la Ley Micaela, de capacitación obligatoria sobre género en todos los niveles de la administración pública nacional, provincial y municipal.

-Desde su creación en septiembre del 2013, la Línea 144 para atender, acompañar y asesorar a víctimas de violencia de género, ha atendido en promedio 340 comunicaciones al día, 10.400 al mes y 125.000 al año. 

-Se creó el Programa Acompañar para promover la autonomía económica de las mujeres en contextos de violencia.

-Se crearon fiscalías especializadas en casi todas las jurisdicciones del país para atender las denuncias y garantizar el acceso a la justicia.

-Se sancionó la Ley de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo, garantizando derechos sexuales y reproductivos largamente negados.

Sin embargo, desde que asumió el gobierno de Javier Milei se han desfinanciado y desmantelado muchos de estos programas y políticas públicas que tienen por objeto garantizar y proteger los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTI+. Es la primera vez en casi cuarenta años que la Argentina carece de un organismo con competencias específicas para la atención y prevención de la violencia de género. A ello, se suma las reducciones presupuestarias del programa Acompañar y la transformación de la Línea 144 en un servicio genérico para atender a cualquier persona en situación de violencia.

Además, el gobierno actual ha manifestado su intención de eliminar la figura del femicidio del Código Penal, bajo el argumento de que la violencia no tiene género. Esta postura ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre el riesgo de invisibilizar la violencia de género y desproteger a las víctimas.

Estas acciones reflejan un grave retroceso en las políticas de género y en la protección de los derechos de las mujeres y personas LGBTI+, en un contexto donde la violencia machista continúa siendo una problemática urgente.

En Salta, este martes las calles vuelven a ser el espacio del grito y de la esperanza. Y en cada pancarta, cada pañuelo verde, cada paso de esta marcha, se reafirma ¡Ni Una Menos! ¡Vivas, libres y con derechos nos queremos!