Noboa someterá al escrutinio popular la convocatoria de una Asamblea Constituyente
Daniel Noboa anunció que someterá al escrutinio popular la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Busca que la ciudadanía decida si desea reformar las reglas constitucionales actuales.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, informó que impulsará una consulta popular para que los ecuatorianos decidan si respaldan la convocatoria de una Asamblea Constituyente. La iniciativa fue hecha pública mediante una carta oficial emanada de la Presidencia. En ella se señala la intención de “devolver el poder al pueblo” y superar lo que considera un bloqueo institucional.
El texto presidencial afirma que durante mucho tiempo el país ha estado detenido. Según Noboa, las reglas vigentes impiden enfrentar al crimen organizado y limitan las reformas que requieren los ciudadanos. Señala también que ciertas estructuras políticas se han beneficiado del statu quo y que el cambio votado por la población aún no se ha consolidado.
De acuerdo al comunicado, la consulta popular incorporará como una “pregunta esencial” si se debe convocar a una Asamblea Constituyente. Antes de ello, la Corte Constitucional deberá revisar la propuesta. Esa instancia decidirá si el formato, alcance y pregunta cumplen con la Constitución. Luego, si se aprueba, el Consejo Nacional Electoral organizará el referéndum.
El anuncio no incluye aún los detalles del calendario definitivo, ni si la Asamblea tendría facultades plenas o limitadas, ni el texto exacto de la pregunta que se someterá a votación. En declaraciones anteriores, Noboa había mencionado la posibilidad de realizar la consulta para el 30 de noviembre, aunque no se confirmó esa fecha en la carta.
Pone en el centro la constitución como instrumento de transformación institucional. También abre el escenario para que se discutan temas como la estructura del Estado, la justicia, el sistema de controles y la seguridad, todos señalados como puntos de preocupación por el presidente.
Algunos sectores políticos podrían acoger la iniciativa como una oportunidad para renovar el contrato social. Otros, en cambio, podrían advertir riesgos de polarización, de vacíos institucionales o de dilación si no se clarifican los límites del proceso. La Corte Constitucional juega un rol clave para determinar si la convocatoria cumple con los requisitos legales.
Fuente: Infobae