Nueva etapa en el IPS con nuevas promesas de su titular, Martín Baccaro
El Gobierno de Salta dispuso el cierre de la intervención administrativa del Instituto Provincial de Salud (IPS) y oficializó la creación de un directorio que a partir de ahora tendrá a su cargo la conducción de la obra social provincial.
La medida fue formalizada mediante un decreto provincial que, según indicaron desde el Ejecutivo, responde al restablecimiento de las condiciones de normalidad administrativa dentro del organismo.
En ese marco, el jefe de Gabinete Sergio Camacho entregó el decreto de designación a Martín Baccaro, quien asumió como director a cargo de la presidencia del IPS. El nuevo esquema de conducción se completa con Emilio Savoy, como director ejecutivo, y Mariano Vittar, en el cargo de director.
En tanto, el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, sostuvo que la decisión de dar por finalizada la intervención forma parte de una estrategia más amplia dentro de la política sanitaria impulsada por el gobernador Gustavo Sáenz.
Baccaro promete diálogo
Tras asumir formalmente, Martín Baccaro brindó una conferencia de prensa en la que reconoció la complejidad del escenario que enfrenta el organismo. “Sabemos que la situación es compleja, pero asumimos el compromiso de trabajar con transparencia para llevar tranquilidad a cada uno de nuestros afiliados”, afirmó el nuevo titular del IPS.
El funcionario también anticipó que una de las líneas centrales de su gestión será fortalecer el diálogo con los distintos sectores del sistema sanitario, en un contexto en el que varios prestadores plantean reclamos por condiciones de trabajo y financiamiento.
Odontólogos
La normalización institucional del IPS coincide con un conflicto abierto con el Colegio de Odontólogos de la Provincia de Salta, que en los últimos días difundió un pronunciamiento institucional en el que cuestiona con dureza las condiciones prestacionales impuestas por la obra social. Según la entidad profesional, los aranceles odontológicos permanecen sin actualización desde junio del año pasado, mientras que las prácticas realizadas registran demoras de hasta tres meses en el pago por parte del IPS. Esta situación, sostienen, vuelve inviable la prestación del servicio bajo los valores actuales.
El Colegio también denunció que la obra social busca imponer exigencias administrativas consideradas excesivas, entre ellas sistemas de auditoría y autorización que incluyen el envío de fotografías, radiografías y documentación clínica adicional para validar determinadas prácticas.