Nuevo régimen de contrataciones para el sector público: contratos cortos y examen obligatorio
El Gobierno argentino, liderado por el presidente Javier Milei, estableció un nuevo marco normativo para la incorporación de personal en el sector público.
Por medio de los decretos 1148/2024 y 1149/2024, se implementaron restricciones significativas en las designaciones, con un enfoque en la reducción de la plantilla estatal y en la evaluación de las competencias de los empleados.
Principales restricciones
El Decreto 1148/2024 prohíbe designaciones y contrataciones en diversas modalidades, incluyendo:
- Contratos en Plantas Transitorias.
- Contrataciones bajo la Ley de Contrato de Trabajo (tiempo indeterminado, plazo fijo, tiempo parcial y trabajo eventual).
- Prestaciones de servicios profesionales autónomos.
- Designaciones transitorias en cargos simples de planta permanente.
Sin embargo, existen excepciones para áreas estratégicas como el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, universidades, el Servicio Exterior, y Guardaparques. También se incluyen designaciones transitorias en unidades organizativas del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) y prórrogas de contratos ya existentes.
Contratos vinculados a bajas previas
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, explicó que el nuevo régimen busca reducir el tamaño del Estado. “Cualquier alta de personal solo será posible si, previamente, el área registra tres bajas”, señaló, reafirmando el compromiso del Gobierno con los recortes en la administración pública.
Examen de idoneidad y duración de los contratos
El Decreto 1149/2024 establece que toda persona empleada en el sector público deberá aprobar la Evaluación General de Conocimientos y Competencias, realizada en diciembre de 2024. Quienes no la aprueben no podrán ser contratados durante 2025 por períodos que excedan el 31 de marzo.
Además, las nuevas contrataciones, con fecha de inicio desde el 1° de enero de 2025, tendrán una duración máxima de seis meses, finalizando el 30 de junio de ese mismo año.
Objetivos del Gobierno
En el texto del decreto, el Ejecutivo justifica estas medidas en el marco de la “emergencia pública” y con el objetivo de “optimizar los recursos del Estado”. Las empresas y entidades en las que el Estado tiene participación mayoritaria también deberán implementar políticas similares.
Esta reestructuración en el régimen de empleo público representa un cambio significativo en la administración estatal, con foco en la eficiencia y la reducción de costos.
Fuente: Infobae