Nuevos audios de la causa $Libra, involucran a otros funcionarios
Las autoridades nacionales no tienen previsto ninguna acción, luego de que se conocieran un supuesto contrato y chats de una ministra con los involucrados en la causa. Aunque la Procuración General presentó una denuncia por las filtraciones, el Ministerio de Justicia no intervendrá, según aseguraron fuentes del organismo a Infobae.
La polémica volvió a instalarse en la agenda pública en los últimos días tras la difusión de un presunto contrato que vinculaba al presidente Javier Milei con la promoción de una criptomoneda, en el que se sugería el pago de cinco millones de dólares en tres cuotas por su difusión. A esto se sumó la circulación de un supuesto intercambio de mensajes entre la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el lobista Mauricio Novelli, quien figura entre los imputados en la causa. En paralelo, también comenzaron a viralizarse en redes sociales otras conversaciones atribuidas incluso al propio jefe de Estado, aunque posteriormente se determinó que eran apócrifas.
Pese a la falsedad de algunos de estos contenidos, las filtraciones generaron malestar en la Casa Rosada, desde donde -según había trascendido- se impulsaba la intervención de la Procuración General de la Nación.
Procuración General de la Nación
Finalmente, el organismo avanzó en ese sentido y abrió una investigación interna para determinar el origen de la filtración de información sensible del expediente y establecer responsabilidades. La pesquisa es encabezada por el procurador general interino Eduardo Casal, quien dispuso la instrucción de un sumario administrativo y la presentación de una denuncia penal.
En tanto, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, aclaró que la iniciativa no partió del Poder Ejecutivo.
“La denuncia por la divulgación del contenido no la hizo el Presidente ni ningún ministro, sino el propio procurador, que ordenó un sumario interno y una denuncia penal, que entiendo alcanza a dos integrantes de la DATIP”, explicó en declaraciones periodísticas.
Desde el entorno del Ministerio de Justicia remarcaron además que no se aportará nueva información a la causa. Recordaron que la colaboración oficial ya se había canalizado a través de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), creada por la Oficina Anticorrupción en febrero de 2025 y disuelta pocos meses después.
“Se hizo todo lo que correspondía. El Ministerio está al margen porque no interviene en causas en trámite”, señalaron fuentes de la cartera.