La sesión ordinaria de este miércoles en el Concejo Deliberante de Salta dejó en evidencia algo más que diferencias políticas: mostró un escenario de tensión sostenida entre el oficialismo y el bloque de La Libertad Avanza, con cruces que atravesaron toda la jornada y que tuvieron su punto más alto durante el momento de manifestaciones.
La concejal oficialista Laura García abrió su intervención con una crítica directa al gobierno nacional y, en particular, al espacio libertario, en respuesta al tratamiento que se dio este miércoles al proyecto de la oposición sobre Transparencia Fiscal, además de un pedido de informe sobre la pauta publicitaria en el Concejo Deliberante capitalino, ambos de autoría de la edila Florencia León– y que más tarde fueran rechazados ambos en el momento de la votación.
En un discurso cargado de datos y cuestionamientos, García puso el foco en la distribución de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles, denunciando que distintos fondos específicos —como vivienda, seguridad social, infraestructura hídrica y transporte— “no se perciben actualmente”. En ese marco, acusó al gobierno nacional de desfinanciar áreas clave mientras provincias y municipios enfrentan una creciente demanda social con menos recursos. Pero el eje más áspero llegó cuando apuntó directamente contra La Libertad Avanza. “Se enjuagan la boca con la palabra transparencia”, lanzó, para luego enumerar una serie de casos y situaciones que, según sostuvo, contradicen ese discurso.
La concejal también cuestionó la falta de gestión de los referentes libertarios y los acusó de priorizar la construcción política de cara a 2027 por sobre las necesidades inmediatas de los salteños. El tono no dejó margen para interpretaciones diplomáticas: habló de “negocios espurios”, de “coimeros” y de un Estado nacional que “recauda, pero no distribuye”, en lo que configuró una de las intervenciones más duras de la sesión.
La contraofensiva libertaria
La respuesta llegó desde la banca de Érica Castro, concejal de La Libertad Avanza, que eligió un enfoque distinto, pero igual de confrontativo. En lugar de entrar de lleno en la discusión nacional, bajó el eje al territorio y cuestionó lo que definió como una estrategia del oficialismo de “pasar la pelota” hacia Nación.
Castro centró su intervención en el reciente trágico fallecimiento de un niño de 5 años en La Merced (que no pertenece al departamento Capital), un hecho que utilizó para interpelar directamente a la dirigencia local.
“Estamos en Salta Capital, siendo concejales del municipio de acá. Los problemas están acá también”, remarcó, marcando un contrapunto claro con el discurso previo.
En esa línea, también denunció lo ocurrido en la Cámara de Diputados provincial, donde —según relató— un proyecto impulsado por el oficialismo no fue tratado pese a haber sido propuesto sobre tablas por el bloque libertario.
A partir de ese episodio, lanzó una serie de preguntas que apuntaron a los intereses del oficialismo: “¿A quiénes defienden? ¿A quiénes encubren?”, cuestionó. Lejos de quedarse en la denuncia política, Castro avanzó sobre temas de gestión municipal.
Retomó críticas previas sobre obras públicas y, citando artículos del Código de Edificación, cuestionó irregularidades en la ejecución de trabajos, particularmente en espacios públicos como la Plaza España.
Señaló la falta de información sobre las obras y advirtió que continuará relevando situaciones similares.
El cruce entre ambas concejalas no fue un hecho aislado, sino la expresión más visible de un clima que atravesó toda la sesión. De un lado, un oficialismo que insistió en responsabilizar al gobierno nacional por la crisis de recursos; del otro, una oposición libertaria que buscó devolver el foco a la gestión local y provincial.
En el medio, el Concejo funcionó como escenario de una disputa política que, lejos de resolverse en el recinto, parece proyectarse hacia el calendario electoral.
Porque si algo quedó claro en la sesión es que el debate ya no es solo sobre gestión, sino sobre quién carga con el costo político de una crisis que se siente en todos los niveles del Estado.