Operativo de las fuerzas federales en Villa Mascardi, para desalojar a grupos mapuches
Equipos tácticos y unidades antitumulto se desplegaron en la zona ante el rechazo de la agrupación Lafken Winkul Mapu, que arrojó piedras a los periodistas que están en el lugar. “Tenemos que regularizar esta situación porque no es correcta”, señaló el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.
Unos 250 efectivos de reparticiones federales, que integran el comando operativo unificado conformado para frenar la escalada de violencia de Villa Mascardi, se trasladaron durante la madrugada de hoy al paraje rionegrino – situado a 35 kilómetros de Bariloche – y minutos después de las 07.30 se desplegaron en la zona para iniciar operativo que se propone desalojar todos los predios ocupados.
El movimiento de los equipos tácticos, unidades antitumulto y reparticiones especiales de distintas fuerzas no pasó desapercibido en la ciudad rionegrina.
También llamó la atención el ir y venir de un helicóptero perteneciente a la Policía Federal Argentina (PFA) cuya presencia en la zona es inédita. Los integrantes de los cuerpos de seguridad se desplegaron en el cerro y alrededor de las 7 de la mañana la tensión fue en ascenso: los mapuches arrojaron piedras a insultaron a los periodistas que estaban en la zona y dieron señales de que están dispuestos a resistir.
El despliegue comenzó durante la madrugada, con la reunión de los integrantes de las distintas fuerzas en el predio de la Escuela Militar de Montaña, perteneciente al Ejército Argentino, quienes se trasladaron luego en caravana hasta el paraje turístico ocupado por la agrupación autodenominada mapuche Lafken Winkul Mapu, a 35 kilómetros de Bariloche y 25 de la base operativa del comando. Y a primera hora del día llegó a la zona la jueza federal subrogante, Silvina Domínguez., quien está con la fiscal Cándida Etchepare.
La magistrada no quiso hacer declaraciones ante la consulta del medio Infobae porque todo esta bajo secreto de sumario. Ahora los cuerpos de seguridad avanzan en una zona a la que en estos momentos es imposible acceder.
“El comando cuenta, principalmente, con efectivos de la Policía Federal Argentina aunque también está conformado por fuerzas especiales de Gendarmería Nacional y Prefectura” indicaron fuentes con acceso a la planificación logística del operativo.
Silencio y cautela
En las primeras horas del día, las fuentes judiciales consultadas optaron por sostener un apretado hermetismo en relación a la tarea que ejecutarán los uniformados.
“La conformación del comando tiene, como objetivo principal, frenar la escalada de violencia y evitar el avance de los autoproclamados mapuches a viviendas y sitios que no resultaron afectados” dijo a este medio una fuente vinculada a la causa.
En Buenos Aires, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, también optó por manejarse con suma cautela.
“Estamos haciendo algunos movimientos pero hay que esperar, vamos a trabajar en función de decisiones judiciales y lo que nosotros entendemos que tenemos que regularizar esa situación porque no es la correcta”, resumió en declaraciones a TN., antes de que las fuerzas aparecieran en el lugar.
La magnitud del operativo denota que la misión no es meramente preventiva, sino que la finalidad es desalojar todos los lotes que fueron ocupados y que actualmente cuentan con presencia de integrantes de la agrupación.
La logística del operativo fue definida este lunes, en el marco de dos reuniones que se realizaron en el Escuadrón 34° de Gendarmería Nacional y en el epicentro de la base operacional, en el Ejército Argentino, respectivamente.
En el segundo de los cónclaves – del que habría participado la jueza federal subrogante Silvina Domínguez – se definieron los pormenores del operativo, que arrancó a las 5 de la mañana con el encuentro de todos los uniformados en el predio del Ejército Argentino.
Más de 200 agentes pertenecientes a distintas fuerzas arribaron entre sábado y domingo al aeropuerto internacional Teniente Luis Candelaria en dos aeronaves de la Fuerza Aérea Argentina: un Fokker y un Hércules.
Además vehículos antitumulto – tanquetas e hidroaviones – de la Policía Federal Argentina (PFA) y una unidad especial de comunicaciones, hicieron lo propio por tierra.
Antecedentes
El conflicto de Villa Mascardi comenzó en 2017 con la usurpación de dos predios de Parques Nacionales. En el marco de una diligencia de desalojo en noviembre de ese año, dispuesta por la Justicia Federal, fue asesinado Rafael Nahuel, un joven integrante de esa agrupación, en el marco de un enfrentamiento con integrantes de la fuerza especial Albatros, de la Prefectura Naval Argentina, a cargo del allanamiento.
Los integrantes de la lof Lafken Winkul Mapu regresaron al territorio y no sólo nunca más se retiraron sino que, además, avanzaron sobre propiedades públicas y privadas de todo el paraje turístico.
“Este es nuestra lucha territorial, venimos a reivindicar la presencia de nuestros antepasados” aseguran los encapuchados, cuya presencia histórica no está documentada y su funcionamiento como presunta comunidad mapuche tampoco es avalada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Luego de la ocupación de los primeros lotes, los encapuchados vandalizaron y usurparon las instalaciones del ex hotel IOS – donde estaba prevista la instalación de la Escuela de Guardaparques- y la propiedad La Escondida, perteneciente al vecino Juan Greham y su esposa.
Luego siguieron con el lote perteneciente al Obispado de San Isidro y dos lotes pertenecientes a la Unión Personal Superior de Gas del Estado.
La semana pasada, luego de incendiar un puesto móvil que tenía Gendarmería Nacional en la propiedad Los Radales – que había sido incendiada el 1 de agosto pasado- colocaron barricada en el acceso e ingresaron a la vivienda, continuando con su plan de expansión en todo el territorio.
El último miércoles también usurparon La Cristalina, una cabaña que pertenece al presidente de la Junta Vecinal Villa Mascardi.