Orán: cuestionan un contrato de tierras que habría beneficiado a un concejal libertario
Según informaron medios locales, un concejal libertario habría accedido a un contrato de arrendamiento de tierras municipales en San Ramón de la Nueva Orán con un canon irrisorio.
De acuerdo a la documentación a la que se habría tenido acceso —Resolución N° 4222/2023 con fecha del 1 de agosto— el municipio habría aprobado un contrato de arrendamiento de un inmueble rural de aproximadamente 5,7 hectáreas, ubicado en la zona de arrendos municipales.
El acuerdo habría sido celebrado entre la Municipalidad, entonces representada por el ex intendente Pablo Damián González, y el particular Carlos Alberto Suárez.
Un canon bajo
Uno de los aspectos que más controversia generó, es el valor del canon mensual establecido en el contrato, que rondaría los 13.851 pesos, equivalentes a 1.710 U.T.M; según indicó Informate Orán. El monto es significativamente bajo en comparación con los valores de mercado para este tipo de explotaciones.
El contrato tendría una duración de cinco años, con posibilidad de prórroga, lo que implicaría un compromiso de mediano plazo para el municipio.
Otro elemento que alimenta los cuestionamientos es el momento en que se habría firmado el convenio. Según se indica, el acuerdo se rubricó el 27 de julio de 2023, pocos meses después de que González perdiera las elecciones ejecutivas de ese año.
El caso también podría involucrar a un actor político en funciones. Según trascendió, el nombre de Héctor Suárez, quien resultó electo para el período 2023-2027, estaría vinculado al acuerdo.
Si bien el contrato habría sido firmado a nombre de Carlos Alberto Suárez, la posible relación con un concejal en funciones plantea interrogantes desde el punto de vista ético y político, en torno a eventuales incompatibilidades o conflictos de interés.
Condiciones y controles en análisis
El contrato establecería que el predio debe ser destinado a actividades como vivero, plantación de bambú y producción de frutas tropicales, además de fijar ciertas obligaciones de mantenimiento y prohibir el subarrendamiento.
Sin embargo, el bajo costo del alquiler, sumado a la extensión del terreno y la duración del acuerdo, genera dudas sobre si se habrían resguardado adecuadamente los intereses del municipio.