Ordenan reintegrar a la Provincia el inmueble de La Candelaria, ocupado por el ex intendente
La Sala III del Tribunal de Impugnación hizo lugar a un recurso del Ministerio Público Fiscal, revocó una resolución judicial previa y ordenó el reintegro a la Provincia de Salta de un inmueble ubicado en el departamento La Candelaria, identificado con la Matrícula N.º 1.644.
La medida se dictó en el marco de una causa penal en trámite por presunta usurpación y desobediencia judicial. La decisión fue adoptada el 10 de diciembre de 2025, en el incidente de apelación de la causa “Romano, Julio Marcelo s/ Usurpación y Desobediencia Judicial”.
El Tribunal revocó un auto anterior que había rechazado la restitución del bien y dispuso su reintegro al titular registral, es decir, la Provincia de Salta.
El inmueble figura en los registros oficiales como propiedad provincial, sin que exista acto legal que haya dispuesto su venta, donación o cesión definitiva, circunstancia que resultó central para la resolución judicial.
Ceferino Chepi Díaz, actual intendente. Foto. RRSS.
El origendel conflicto: denunciasdel nuevo intendente
La causa se originó a partir de denuncias realizadas por el actual intendente del Municipio de La Candelaria, Ceferino “Chepi” Díaz, quien advirtió presuntas irregularidades en el uso del predio durante la gestión de su antecesor, Julio Marcelo Romano.
Según surge de las presentaciones y de las actuaciones judiciales, el ex jefe comunal habría utilizado el inmueble de propiedad provincial instalando en el lugar maquinaria de su propiedad, conducta que fue analizada por la Justicia como una posible forma de comportarse como dueño del predio, sin contar con un derecho legítimo que lo habilitara.
Estas denuncias motivaron la intervención del Ministerio Público Fiscal y la apertura de una investigación penal por presunta usurpación y desobediencia judicial, que continúa actualmente en trámite.
El análisis judicial: intervención del título
Al resolver el recurso de apelación, el Tribunal de Impugnación consideró que no se encontraban acreditados elementos suficientes que justificaran un derecho legítimo de ocupación del inmueble por parte de quien lo utilizaba.
En ese marco, advirtió que determinadas conductas examinadas en el expediente podrían encuadrar, de manera preliminar, en la figura jurídica de interversión del título.
Esta figura se configura cuando quien detenta un bien comienza a comportarse como propietario, pese a no serlo.
Los magistrados aclararon expresamente que esta valoración fue realizada exclusivamente a los fines de resolver el reintegro del inmueble, sin que ello implique un pronunciamiento definitivo sobre eventuales responsabilidades penales, las cuales continúan siendo materia de investigación en el proceso principal.
La intervención administrativa de la Provincia
Paralelamente al avance de la causa judicial, la Secretaría de Tierras y Bienes del Estado, dependiente del Ministerio de Infraestructura, tomó intervención ante la detección de riesgo de ocupaciones irregulares y posibles maniobras de prescripción adquisitiva sobre el predio.
Las inspecciones oficiales constataron que el inmueble se encontraba en estado de abandono, con construcciones precarias, alambrados y expuesto a vandalismo.
Asimismo, se verificó que terceras personas provenientes de Tucumán habían iniciado gestiones administrativas vinculadas a tasaciones y planos, pese a que el inmueble continuaba inscripto a nombre de la Provincia.
Con el objetivo de resguardar el patrimonio inmobiliario provincial, el Ejecutivo resolvió requerir a la Municipalidad de La Candelaria la custodia del inmueble y otorgar un Permiso Precario de Uso, destinado exclusivamente a la instalación de maquinaria vial municipal.
Dicho permiso fue concedido con carácter provisorio, gratuito y revocable, sin generar derechos de propiedad ni indemnización alguna, y dejando expresamente a salvo el dominio provincial del bien.
El fallo y la restitución del inmueble
Al revisar la resolución que había rechazado la restitución del predio, la Sala III del Tribunal de Impugnación concluyó que mantener el inmueble fuera del control del titular registral podía ocasionar un perjuicio patrimonial a la Provincia, motivo por el cual resolvió revocarla y ordenar su reintegro.
Los jueces subrayaron que la medida se limita al aspecto patrimonial del conflicto y no implica adelantar opinión sobre la eventual responsabilidad penal del imputado, cuestión que continuará siendo analizada en el proceso principal.
En consecuencia, se dispuso el reintegro del inmueble a la Provincia de Salta, dejando expresamente a salvo actos de la posibilidad de que el predio quede bajo resguardo del Municipio de La Candelaria, conforme las decisiones administrativas y judiciales que correspondan.
Orden de toma de posesión
En cumplimiento de lo resuelto, el Juzgado interviniente libró un oficio urgente a la Jefatura del Destacamento Policial de La Candelaria, ordenando la notificación al intendente municipal y la toma de posesión del inmueble, debiendo labrarse el acta correspondiente y remitirse copia al Juzgado de Garantías N.º 1.
De este modo, tanto desde el plano administrativo como judicial, se reafirma que el inmueble nunca dejó de ser propiedad de la Provincia, se avanza en su recuperación efectiva y se adoptan medidas para evitar nuevas ocupaciones o actos de disposición no autorizados, mientras continúa la investigación penal por los hechos denunciados.
Antecedentes políticos: acusaciones cruzadas entre intendentes
Antes de que la causa judicial por el predio de la Matrícula N.º 1.644 en La Candelaria llegara al Tribunal de Impugnación y derivara en la orden de restitución del inmueble a la Provincia de Salta, el municipio ya atravesaba tensiones públicas entre el actual jefe comunal y su antecesor.
En febrero de 2025, el intendente Ceferino “Chepi” Díaz hizo declaraciones ante medios locales en las que sostuvo que habría sufrido un atentado contra su persona y su familia relacionado con una camioneta municipal que, según su relato, había sido utilizada por el ex intendente Julio Romano antes del traspaso de gestión.
Díaz afirmó que, tras un “accidente” con ese vehículo, se encontró agua en la dirección de la camioneta, lo que lo llevó a interpretar el hecho como un intento de sabotaje por parte del círculo del ex jefe comunal.
El supuesto incidente habría ocurrido en enero de 2024, pero recién fue comunicado por Díaz casi un año después, en ocasión de las fiestas patronales locales.
Al divulgar su versión, Díaz responsabilizó públicamente a Romano y su entorno por el episodio, ubicando el hecho en un contexto de enfrentamiento político entre el actual gobierno municipal y la gestión anterior.
Romano, por su parte, negó las acusaciones y respondió con vehemencia ante este medio. Afirmó que, lejos de un atentado, la camioneta había sido utilizada por Díaz y su equipo durante más de un mes sin presentar problemas, y consideró que las declaraciones del intendente eran un producto de “circos mediáticos” y una estrategia para desviar la atención, especialmente ante la falta de obras nuevas en la actual gestión.