Originarios podrán formarse como Monitores Ambientales para controlar mineras
La provincia lanzó el Plan Integral de Monitoreo Ambiental dirigido a comunidades originarias de la Puna, que podrán formarse para ejercer el control a mineras con proyectos emplazados en el lugar.
El Gobierno de la Provincia de Salta generó el programa a través de la Secretaría de Minería y Energía, en colaboración con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y con el respaldo académico de la Universidad Nacional de Salta (UNSa).
El objetivo fundamental de esta acción es dotar de conocimientos y herramientas a miembros de comunidades locales para que participen en los procesos de monitoreo ambiental en la región puna donde se desarrolla la minería.
La Universidad realizará la capacitación a miembros de las comunidades pertenecientes a las distintas localidades del departamento Los Andes, con lo que podrán participar de los procesos de control que lleve adelante la Secretaría de Minería y Energía en los proyectos del lugar.
Esta acción fue una demanda de las comunidades locales que buscaban adquirir formación técnica para el entendimiento del procedimiento de control, y de esta forma analizar el impacto ambiental que genera la actividad en la zona.
El programa de capacitación esta diseñado para que las comunidades puedan interpretar indicadores claves, y llevar a cabo la toma de muestras y su posterior manejo de manera adecuada y segura. Además, se les enseñará a identificar la calidad del agua y el manejo de residuos peligrosos, a través de su participación activa en los procesos de monitoreo ambiental.
La formación también estará dirigida a que puedan contribuir de manera efectiva en reuniones de coordinación y en la documentación de acciones realizadas, con lo que se busca fortalecer la comunicación y la coordinación en el proceso de monitoreo.
La iniciativa se enmarca en la decisión de afianzar el control y la transparencia de la actividad minera en la provincia como un paso más que refuerza la Resolución Nº 04/18 puesta en vigencia por la Autoridad Minera.
Dicha norma establece la obligatoriedad de las empresas mineras que realicen actividades de exploración avanzada y otros estadios posteriores, a realizar, por lo menos una vez al año, un monitoreo ambiental participativo, incluyendo a miembros de las comunidades vecinas a las áreas de influencia.
