Salta

Otorgaron dictamen favorable al amparo por la obra del Puente de Vaqueros

La asociación de Usuarios y Consumidores Unidos (UCU) presentó un amparo solicitando la reactivación de la obra del Puente de Vaqueros, paralizada en 2022.

El fiscal federal, Ricardo Toranzos, del Área No Penal de la Unidad Fiscal Salta, dictaminó a favor de la competencia federal en un proceso de amparo, al que también le dio carácter de “colectivo”.

De esta manera, el caso empezó a tramitarse ante el Juzgado Federal de Garantías N°2, a cargo de la jueza Mariela Giménez. La demanda de UCU es contra la Dirección de Vialidad de la Nación.

En la presentación de amparo, se solicitó que se le ordene al organismo nacional demandado el giro de fondos necesarios “a la Dirección de Vialidad de Salta para la continuidad de la obra vial identificada como “Proyecto y ejecución de la obra ruta nacional N°9, sección i: rotonda avenida Bolivia – puente río Wierna”, localizada en los departamentos Capital y La Caldera”.

También, se solicitó que la obra avance sin interrupciones y que se finalice en 24 meses. El plazo estaba estipulado en los pliegos aprobados en agosto del 2022 a favor de la empresa Medina S.A.

Asimismo, pidieron que si la obra no se reanuda, se condene al organismo demandado a “iniciar los trabajos correspondientes a la obra citada, por sí o por interpósita persona, dentro del plazo perentorio que se fijará en la sentencia, debiendo concluir la obra en los términos acordados”.

La situación de la obra

Vale remarcar que la obra en cuestión surgió de un convenio celebrado entre el organismo nacional y la Dirección de Vialidad de Salta. Allí, se estableció que la obra se realizaría con financiación de Vialidad Nacional por un monto de hasta $1.400.000.000 a valores de agosto de 2021.

Además de otras tareas previas, como el estudio de impacto ambiental y las aprobaciones en materia hidráulica y de energía, se acordó en el convenio que la demandada correrá con los gastos que demande la liberación de la traza y las eventuales expropiaciones. Mientras, el proceso licitatorio quedó a cargo del organismo provincial como responsable del control de la obra.

Cumplidos estos pasos, la obra quedo en manos de la empresa Medina SA, la que inicio las obras el 18 de agosto del 2022, con un plazo de conclusión de 24 meses, sin embargo, a poco de comenzar las tareas, y ya con la cartelería de la obra expuesta, todo quedó paralizado.

Argumentos del MPF

Asimismo, mencionó que la intervención del Ministerio Público en los procesos colectivos, a la luz del artículo 120 de la Carta Magna, aparece institucionalmente como el organismo más idóneo para la defensa de los “intereses de la sociedad”.

Ese rol se enmarca en la Ley 27.148, donde se establece que el MPF deberá intervenir “en conflictos en los que se encuentren afectados intereses colectivos o difusos; en los que se encuentre afectado el interés general de la sociedad o una política pública trascendente; en los que se encuentre afectado de una manera grave el acceso a la justicia por la especial vulnerabilidad de alguna de las partes o por la notoria asimetría entre ellas”.

En base a ello, y otras normas referidas, resaltó:

Tras dejar clara la legitimación del MPF en la materia, el fiscal ahondó sobre el carácter de acción colectiva de la demand.

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