Para mujeres de comunidades indígenas la “Ley Octorina” no admite dilaciones
Referentes de comunidades originarias reclamaron la sanción definitiva de la norma que busca prevenir abusos sexuales con enfoque intercultural. El proyecto que ya cuenta con media sanción, y se encuentra para su revisión en el Senado provincial expone una violencia estructural invisibilizada durante siglos en Salta.
La discusión por la denominada “Ley Octorina” volvió a poner en evidencia una de las deudas más profundas —y más incómodas— del Estado salteño: la violencia sistemática contra mujeres y niñas indígenas, históricamente silenciada, negada o directamente naturalizada. Este jueves, en un encuentro ampliado de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, referentes de comunidades originarias nucleadas en la organización Na’Nechepa (Levantémonos) solicitaron formalmente que se avance sin más demoras en la sanción definitiva de la norma, que regresa en revisión desde la Cámara de Diputados. El planteo no fue técnico ni burocrático. Fue político, histórico y, sobre todo, urgente. “Lo que no se nombra no existe; el encubrimiento de las violaciones debe tener un nombre. Chinear es violar, ramear es violar, romper es violar”, expresó con crudeza Tujuay Gea Zamora, hija de la histórica referenta mujer wichí, lideresa y a quien responde el nombre de este corpus legal –Octorina Zamora– poniendo en palabras lo que durante años se escondió detrás de eufemismos que funcionaron como dispositivos de impunidad.
La frase no solo interpela al sistema judicial, sino también a una matriz cultural que durante generaciones toleró —cuando no legitimó— estas prácticas en territorios donde la desigualdad estructural entre criollos y comunidades indígenas sigue siendo abismal.
Una ley que intenta romper el silencio
La “Ley Octorina” propone un abordaje integral que, en los papeles, parece obvio. En la práctica, resulta casi revolucionario. El proyecto establece la capacitación obligatoria en perspectiva de género e interculturalidad para agentes de los tres poderes del Estado, incorpora protocolos con pertinencia cultural —incluyendo intérpretes y asistencia especializada— y, quizás lo más disruptivo, reconoce explícitamente formas específicas de violencia sexual como el “chineo”. Ese punto no es menor. Nombrar implica reconocer. Y reconocer implica, inevitablemente, asumir responsabilidad estatal. En ese sentido, la modificación introducida por Diputados, que precisa como sujetos de protección a “mujeres, niñas y adolescentes indígenas”, no es solo un ajuste técnico. Es una definición política: la violencia no es abstracta, tiene víctimas concretas y sistemáticamente vulneradas.
La memoria de Octorina y la persistencia de la violencia
La ley lleva el nombre de Octorina Zamora, referente indígena que durante décadas denunció las violaciones en banda perpetradas contra mujeres y niñas en comunidades del norte salteño. No es un homenaje simbólico. Es una advertencia incómoda: si hoy se necesita una ley para reconocer estas prácticas, es porque el Estado falló —y mucho— en proteger a esas víctimas. Y no se trata de un fenómeno del pasado. Las denuncias persisten, las dificultades de acceso a la justicia continúan y las barreras culturales y lingüísticas siguen funcionando como filtros de exclusión. En ese contexto, la norma aparece como una herramienta de reparación histórica, pero también como un termómetro del compromiso político real. Porque leyes hay muchas; lo que escasea es su implementación efectiva en territorios donde el Estado llega tarde, mal o directamente no llega.
Entre la voluntad política y la urgencia real
Durante la reunión, el presidente de la Comisión, el senador Walter Cruz, adelantó la intención de avanzar en el análisis del proyecto una vez que tome estado parlamentario, y aseguró que “urge tener esta herramienta”. Una frase correcta, sí. Pero que convive con una lógica legislativa que suele dilatar tiempos incluso cuando se trata de derechos básicos. El respaldo al espíritu de la norma —alineado con las conclusiones del Parlamento de Mujeres y Diversidades Indígenas de 2022— marca un consenso político que, en teoría, debería facilitar su aprobación. El problema es que, en materia de derechos indígenas, el consenso muchas veces queda en declaraciones y no en decisiones.
El debate por la “Ley Octorina” no es solo jurídico. Es profundamente político y cultural. Obliga a revisar la relación histórica entre el Estado y los pueblos originarios, a cuestionar prácticas naturalizadas y a reconocer que la violencia sexual en estos territorios no es un hecho aislado, sino una estructura sostenida por desigualdades de poder, racismo y ausencia estatal. La presión de las comunidades no es casual. Es el resultado de años de lucha en los que la visibilización fue el primer paso para exigir justicia. Ahora, la pelota está en la cancha del Senado.