Para preservar costumbres ancestrales, ordenan reconstruir la cancha de fútbol de Caspalá

Tras la exposición sobre el derecho de una comunidad a preservar sus costumbres ancestrales realizada por la fiscal federal integrante de la Unidad Fiscal de Jujuy, Lucia Romina Orsetti, la jueza federal de Garantías N°2 de San Salvador de Jujuy, Carina Inés Gregoraschuk, homologó un acuerdo de reparación integral al que había arribado el Ministerio Público Fiscal con el fiscal de Estado provincial Miguel Ángel Rivas.

De esa forma, puso fin a la disputa que existía entre los pobladores del pueblo de Caspalá y el Gobierno de la provincia de Jujuy por la irrupción estatal en noviembre de 2022 en un predio donde se asienta una cancha de fútbol, el único terreno nivelado del pueblo ubicado a unos 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, y en una finca privada donde se rinde culto a los ancestros de pueblos originarios.

El conflicto se originó cuando el Estado provincial ocupó sin previo aviso la cancha de fútbol para construir una escuela y, tras las protestas, que fueron reprimidas, irrumpió días después con maquinaria en un predio privado, que es un sitio de valor arqueológico, para trasladar allí el campo de juego.

Antes de homologar el acuerdo, que prevé volver a la situación preexistente al conflicto, la jueza cedió la palabra a vecinos y vecinas de la comunidad -presentados como querellantes en el proceso-, quienes expresaron su agradecimiento y marcaron la importancia de recuperar los espacios.

El acuerdo arribado es considerado inédito por las características del objeto del proceso, que implicó un conflicto social de gran magnitud y que obtuvo solución mediante el acuerdo de reparación integral previsto en el artículo 22 del Código Procesal Penal Federal.

De los más lindos del mundo

El pueblo de Caspalá, ubicado en el departamento de Valle Grande, fue seleccionado entre los pueblos más lindos del mundo por la Organización Mundial de Turismo.

La representante del MPF explicó el origen del conflicto, que data del 2 de noviembre de 2022, cuando el gobierno provincial, a través del Ministerio de Educación y la Dirección de Vialidad, irrumpió sin previo aviso en la cancha de fútbol del pueblo de Caspalá, asentada en la finca “Los Pozuelos”. Señaló que el Estado provincial había justificado su intervención en la construcción de la Escuela Secundaria N°57, pero no respondió por qué no optó por hacerlo en un terreno que la comunidad ya había designado y apartado para tal fin. La fiscal Orsetti añadió que, lejos de ello, la administración eligió el predio deportivo, que data de la década de los ‘90 y fue construido por los pobladores, quienes, a pico y pala, se unieron para acondicionar el único terreno plano del pueblo, que les permite participar del torneo de fútbol que reúne a más de diez pueblos del Valle Grande.

La “canchita ancestral” quedó toda inutilizada

La fiscal citó a los pobladores para relatar que la cancha se transformó en el centro de refugio ante los movimientos sísmicos. “Cuando había sismos, todo el pueblo iba a la cancha y pasábamos toda la noche juntos”, sostuvieron al explicar lo que significaba el predio.

Precisó que la “canchita ancestral”, como se la denominó, quedó inutilizada por el movimiento de suelo realizado por las máquinas de la empresa adjudicataria de la obra, la instalación de vigas y el despliegue de ladrillos y demás materiales de construcción en todo el terreno.

La fiscal recordó que, ante aquella situación, las y los caspaleños reaccionaron y organizaron diversas manifestaciones de reclamo contra el accionar del gobierno, tildado por los vecinos como “caprichoso” y que, en respuesta, hubo represión y detenciones.

Indicó que la protesta y mediatización del conflicto derivó en la suspensión de la obra pocos días después, el 14 de noviembre de 2022. “Desde ese día, y por las condiciones propiciadas por el Estado, la cancha permanece inutilizada e impiden a sus pobladores usarla no solo para las actividades deportivas, sino como centro de vida, en los términos de mayor cotidianeidad y habitualidad posible de una comunidad con su plaza cultural”, explicó la fiscal al referirse al daño causado.

Añadió que el 30 de noviembre de ese año el mismo Estado recrudeció el conflicto con una segunda irrupción, pero esa vez en la finca Santa Rosa, propiedad de Pablo Cruz, quien estaba internado en un hospital de la capital jujeña, mientras su pareja e hijos no pudieron evitar el avance de la retroexcavadora y máquinas orugas que llegaron por la mañana a su terreno.