Penalista critica con dureza la baja de edad de imputablilidad
Un especialista en penal juvenil cuestionó la reforma impulsada por el Gobierno nacional, que esta semana podría ser tratada en la Cámara de Diputados y aseguró que los menores representan apenas el 2% de las causas penales.
Advirtió sobre superpoblación carcelaria y riesgos de convivencia con adultos condenados.
En medio del debate legislativo por la modificación del Régimen Penal Juvenil, que cuenta con media sanción del Senado, el abogado Guillermo Alberto cuestionó con dureza la iniciativa que busca bajar la edad de imputabilidad en Argentina.
Según sostuvo, ante el periodista Héctor Alí, la medida no responde a una demanda social real ni solucionará los problemas de inseguridad.
El especialista afirmó que, de acuerdo con estadísticas del Poder Judicial de la Nación y de los poderes judiciales provinciales, las causas penales que involucran a menores representan apenas el 2% del total.
“Cuando un gobierno decide avanzar su política criminal sobre un conflicto que tiene una entidad tan pequeña, claramente lo que está haciendo es populismo”, señaló Alberto.
“No es el verdadero problema de seguridad”
El abogado sostuvo que la sociedad reclama mayor seguridad, pero vinculada a fenómenos de mayor impacto como el narcotráfico y el crimen organizado.
En ese sentido, recordó que en 2025 en el Juzgado Federal de Salta se tramitaron causas de gran relevancia vinculadas al narcotráfico, algunas incluso atravesadas por denuncias de presuntas conexiones delictivas.
“Los problemas reales pasan por el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado. No se solucionan castigando menores”, afirmó.
Y añadió que centrar el debate en la baja de la edad de punibilidad implica “mirar para otro lado”. Una ley “vieja” que debía reformarse.
Alberto reconoció que el actual Régimen Penal de la Minoridad —Ley 22.278, sancionada en 1980 durante la última dictadura— es una normativa anterior a la incorporación de tratados internacionales de derechos humanos a la Constitución Nacional y que necesitaba una actualización.
Sin embargo, cuestionó el sentido de la reforma. “Había que modificarla en clave progresista, otorgando más derechos y mejores garantías a los menores, no ampliando el poder punitivo del Estado”, remarcó. Actualmente, Argentina fija la edad de imputabilidad en 16 años, una de las más altas de la región.
Países como Brasil y Colombia establecen edades menores.
No obstante, el abogado señaló que esos países “no han resuelto sus problemas de seguridad por esa vía”.
Riesgo de superpoblación y convivencia con adultos
Uno de los puntos más críticos señalados por el especialista es la implementación práctica de la reforma, especialmente en provincias como Salta, donde existe superpoblación carcelaria.
Advirtió que el sistema penitenciario provincial ya presenta dificultades para separar detenidos con condena firme de aquellos en prisión preventiva, por lo que consideró inviable garantizar una adecuada diferenciación entre adultos y menores.
“El proyecto habla de ‘módulos’, pero en la práctica compartirán el mismo organismo y eventualmente los mismos espacios comunes.
Un menor de 14 años podría convivir con adultos condenados por delitos graves.
Eso es estigmatización y vulneración de derechos”, sostuvo el penalista.
También cuestionó que la iniciativa no contemple partidas presupuestarias específicas para ampliar infraestructura o crear dispositivos diferenciados.
“No incide en la inseguridad”
Para el abogado, la baja de la edad de imputabilidad no tendrá impacto real en los índices delictivos.
“Es falso que incorporar al sistema penal a chicos de 14 a 16 años vaya a mejorar la seguridad”, afirmó.
Finalmente, alertó sobre una tendencia legislativa que, según su visión, amplía el poder punitivo del Estado en detrimento de garantías individuales. “El sentido técnico jurídico ha sido desplazado por lo que algunos llaman marketing punitivo”, concluyó.