Personal de seguridad en hospitales públicos denuncian precariedad laboral
Trabajadores nucleados en la Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) expresaron a Nuevo Diario su profunda preocupación por la situación sobre las condiciones laborales que enfrentan los trabajadores de seguridad que prestan servicios en los hospitales públicos de la Provincia.
Según detallaron a este medio, la situación incluye a los hospitales San Vicente de Paul (Orán), San Roque (Embarcación), Juan Domingo Perón (Tartagal), de Salvador Mazza (Pocitos) y Dr. Joaquín Castellanos (Güemes), así como otros nosocomios en la capital salteña.
Las empresas de seguridad contratadas en estos hospitales han demostrado incumplimiento de sus obligaciones laborales, ya que según lo documenta el material al que accedió este medio, no sólo hubo un vacío en las audiencias convocadas por el Ministerio de Trabajo, sino que han mantenido a sus empleados en condiciones precarias, con salarios insuficientes y prácticas laborales ilegales, como el trabajo en negro.
La situación se pone más crítica en el norte provincial, donde el Delegado Regional de la UPSRA en Orán, Javier Romero, ha llevado a cabo diversas acciones, incluyendo acampes y cortes de ruta en la Ciudad de Orán. Estas medidas buscan que las autoridades y los responsables de la contratación de estas empresas tomen conocimiento de las condiciones por las que atraviesan.
Ante la falta de respuestas, la UPSRA ha enviado cartas documento al Ministro de Salud, Dr. Federico Mangione, al Secretario de Trabajo, Dr. Alfredo Batule, y a la empresa Centinela SRL, entre otros. Además, se ha presentado una denuncia ante la AFIP por explotación laboral y trabajo en negro. Finalmente, al no obtener ninguna respuesta de las autoridades, la UPSRA representada por Romero en Orán, ha presentado una denuncia ante la fiscalía de Orán contra el Gobernador, el Ministro de Salud Dr. Federico Mangione y el Secretario de Trabajo Dr. Alfredo Batule por incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, al ser los responsables de contratar a estas empresas de seguridad que vulneran los derechos de los trabajadores. Las empresas señaladas en esta denuncia son: TDV SRL; Centinela SRL; Ciro Darío Esper; Leon Seguridad SRL; Force Security, JCI Seguridad S.A; Servicios Especiales SRL; Track Seguridad SRL, que prestan sus servicios en distintos establecimientos públicos del departamento de Orán, departamento San Martín y el resto de la provincia.
Grave denuncia en Tartagal
Otra de las situaciones irregulares que pone en alerta a los trabajadores de seguridad tiene que ver puntualmente con el servicio que se brinda en el hospital Juan Domingo Perón, que según denunciaron a este medio no está habilitada por el ministerio de seguridad. “Nos resulta extraño que haya una empresa que no está habilitada por el ministerio de seguridad, pero sí contratada por el ministerio de salud”, sostuvo Romero, quien además recordó que todas estas denuncias también fueron expuestas en AFIP: “Denunciamos explotación laboral y trabajo en negro ante la AFIP ya que esta gente nos hace trabajar 240 horas mensual 12 horas diarias sin aporte a la obra social, jubilación, sin ART sin seguro de vida, pero hasta ahora no recibieron ni una inspección”. “Son 37 las empresas habilitadas por el Ministerio de Seguridad para brindar el servicio en la provincia, pero es llamativo que más de la mitad tendrían al menos contactos bastante cercanos al gobierno provincial”, denunciaron.