Piden auditar al Hospital Joaquín Castellanos de General Güemes

El Concejo Deliberante de General Güemes aprobó en su última sesión un Proyecto de Resolución que solicita elevar a la Cámara de Diputados y al Senado provincial un pedido de auditoría integral sobre la gestión, la administración de recursos, la infraestructura y la planificación sanitaria del hospital Joaquín Castellanos, principal nosocomio de la región.

La iniciativa fue impulsada por la concejal Cintia Fonrodona, integrante del Frente Liberal Salteño, quien dialogó con Nuevo Diario y remarcó que la iniciativa apunta a conocer por qué el sistema no responde pese al esfuerzo cotidiano y aseguró que no se trata de algo partidario sino de “sentido común”. Asimismo, aclaró: “algunos dicen que el Concejo no tiene las facultades, yo digo que si quienes deberían pedir explicaciones están callados, miran para otro lado, el Concejo Deliberante tiene la obligación política y moral de hacerlo”

“Eso es control institucional, no una invasión de funciones”, sostuvo.

“No alcanza con anuncios” Al referirse al contexto provincial, Fonrodona señaló que Salta atraviesa desafíos estructurales profundos, especialmente en materia de salud, seguridad y prevención, a los que ahora se suma el impacto del desarrollo minero. En ese marco, consideró que cuando los problemas se sostienen durante años, “no alcanza con anuncios”. “Como concejal nunca tuve respuestas. Lograr que te reciba un ministro o un director es una osadía, salvo que un intendente o un diputado te abra la puerta. Aun así, creo en un Estado presente, pero tiene que ser eficiente y transparente”, remarcó.

Un reclamo histórico que nunca se concretó

Fonrodona subrayó que el pedido de una auditoría integral al hospital Joaquín Castellanos no es nuevo y forma parte de un reclamo sostenido de la comunidad güemense a lo largo de los años. “Participé de reuniones, capacitaciones y encuentros con distintos gerentes del hospital, diputados, senadores y autoridades de diferentes gestiones. Este pedido se prometió una y otra vez y nunca se concretó”, señaló.

Según detalló, el estado actual del hospital refleja esa falta de respuestas acumuladas: escasez de insumos y medicación, ambulancias insuficientes y con mantenimiento deficiente, deterioro edilicio, falta de especialistas y sobrecarga de un sistema que, además, atiende a pacientes de otros municipios por su carácter de hospital cabecera.

“Hoy ya no hay margen de error. La salud no puede ser rehén de la política. Pedir una auditoría no es partidario, es sentido común”, afirmó.

“La auditoría no es contra las personas”

Uno de los ejes centrales del planteo de Fonrodona fue despejar las interpretaciones que intentan presentar la resolución como un ataque al hospital o a su personal. Por el contrario, sostuvo que los principales perjudicados por la falta de gestión y planificación son los propios trabajadores. “Si hay alguien perjudicado por la falta de control, son los profesionales y los trabajadores del hospital. Ellos sostienen el sistema todos los días sin los recursos necesarios”, insistió.

En ese sentido, consideró indispensable revisar cómo se administran los fondos que llegan desde Nación, Provincia, obras sociales —especialmente el IPS— y otros aportes, y por qué esos recursos no se traducen en mejoras sostenidas.

Un punto de quiebre

Fonrodona describió la situación actual como un punto de quiebre para la comunidad. Relató que recibe de manera permanente mensajes y reclamos de vecinos que dan cuenta del deterioro del hospital, la falta de respuestas y la creciente angustia frente a problemáticas como la salud mental, las enfermedades oncológicas y la atención de emergencias.  “Estamos perdiendo un hospital que durante años fue motivo de orgullo. Se le mintió a la gente haciéndole creer que esto era lo que merecíamos, y no es así. Con los fondos que llegan de todos los argentinos, merecemos una salud de calidad”, expresó.

También advirtió sobre falencias históricas como la falta de iluminación y seguridad en el predio, problemas de organización interna y una desarticulación que termina trasladando parte de la carga al municipio, que debe asistir con recursos propios ante la falta de respuestas del sistema provincial.

Fonrodona reivindicó el rol del Concejo Deliberante como caja de resonancia de la comunidad. “Cuando la gente pide respuestas y el sistema falla, nuestro deber es hablar, exigir y controlar. Para eso estamos”, concluyó.