Piden investigar al ex presidente de Auditoría de la Provincia, por diversas irregularidades

Trabajadores de la Auditoría General de la Provincia, que solicitaron mantener en reserva su identidad por temor a represalias, denunciaron en exclusiva a Nuevo Diario graves situaciones de persecución laboral, abuso de poder, sanciones arbitrarias y deterioro institucional durante la gestión del ex presidente del organismo, Gustavo Ferraris.

Los testimonios fueron brindados en medio de cuestionamientos internos contra el ex titular de la Auditoría y tras el reclamo de empleados para que la Legislatura avance en una investigación sobre su actuación al frente del organismo.

“Me inició un sumario y terminé en terapia intensiva”

Uno de los trabajadores aseguró que fue sometido a un sumario administrativo bajo acusaciones que consideró infundadas. Según relató, la situación le provocó un cuadro severo de estrés que terminó con consecuencias graves para su salud. “Me inició un sumario administrativo, lo cual me llevó a un estrés terrible por la persecución que sufría con él”, expresó. El trabajador sostuvo que fue apartado de funciones que cumplía dentro del organismo, entre ellas tareas de notificación y de chofer, actividades que, según explicó, le permitían sumar ingresos adicionales ante la falta de actualización salarial y de categorías. “Todos estamos hace 15 años con la misma categoría”, señaló, al cuestionar que durante la gestión de Ferraris no se habría producido una recomposición real de los haberes ni de la carrera administrativa del personal. El testimonio más grave refiere al impacto en su salud. El empleado afirmó que, tras atravesar una internación en terapia intensiva, fue informado por los médicos de que el estrés había afectado severamente su riñón. “Cuando desperté de terapia intensiva, el médico me dijo que tenía que hacer diálisis, que el estrés me había dejado mal, perdiendo el riñón”, relató. Actualmente, según indicó, se encuentra a la espera de una donación renal. El trabajador vinculó ese deterioro con el proceso administrativo y con lo que describió como una persecución laboral orientada a expulsarlo del organismo. “Me querían echar, esa era la realidad. Pero no pudieron porque no encontraron nada”, sostuvo.

Sanciones arbitrarias y persecuciones internas

Otros empleados, también bajo reserva de identidad, describieron un cuadro generalizado de malestar interno. Afirmaron que hubo sanciones desproporcionadas, suspensiones de hasta 30 días, descuentos salariales y decisiones administrativas que, según señalaron, afectaron tanto a personal de planta como a auditores. “No es solamente un reclamo salarial. El problema es lo que dijo Ferraris, acusando a la gente de que no trabaja, a los auditores de que no trabajan”, expresó uno de los trabajadores. En esa línea, cuestionó el desempeño institucional durante los años de gestión del ex presidente y aseguró que se habría reducido de manera significativa la cantidad de informes producidos por el organismo en comparación con gestiones anteriores. Los denunciantes también señalaron que varios empleados debieron recurrir a atención psicológica o psiquiátrica a raíz del clima laboral. “La persecución laboral la hemos recibido todos. Algunos terminaron con psicólogos, con problemas psiquiátricos todavía”, afirmaron. En las declaraciones brindadas a Nuevo Diario, los trabajadores mencionaron además la existencia de una persona cercana al ex presidente, a quien describieron como una colaboradora encargada de ejecutar decisiones perjudiciales para el personal. Aunque evitaron identificarla públicamente, la señalaron como parte central del esquema de presiones internas. Según denunciaron, esta persona habría intervenido en sanciones, desplazamientos, designaciones y en el manejo de expedientes, siempre bajo el aval de la conducción del organismo. Los empleados afirmaron que, durante la gestión de Ferraris, se habrían producido cambios en circuitos administrativos internos que afectaron el funcionamiento regular de la Auditoría. Según explicaron, los expedientes dejaron de ingresar por las vías habituales y comenzaron a depender de derivaciones desde la Presidencia del organismo.

También denunciaron la existencia de informes que habrían sido archivados sin conocimiento de los auditores, así como expedientes que, según aseguraron, habrían quedado demorados o sin tratamiento. En ese marco, reclamaron que se investigue la presunta desaparición o retiro irregular de documentación del organismo. “Fue un personaje nefasto para la Auditoría. Destruyó la institución y destruyó la moral de la gente”, concluyó uno de los empleados, que pidió la intervención urgente de la Legislatura, de donde depende Auditoría.