Piden juicio para la organización criminal que robó a Abra del Sol
El robo perpetrado el 16 de diciembre de 2022 en la empresa Abra del Sol, ubicada en el norte del país, dejó al descubierto una trama de violencia, corrupción y complicidad que ahora enfrenta a siete acusados con la justicia.
Según la investigación de la Unidad Fiscal de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado, al menos ocho personas ingresaron a la empresa con los rostros cubiertos y armados.
Maniataron a los empleados, les quitaron sus teléfonos celulares y se apoderaron de $13.000.000 y US$160.000, además de llevarse una camioneta Toyota SW4 propiedad de uno de los socios gerentes.
Este último, fue secuestrado temporalmente y abandonado en las afueras de la ciudad tras ser amenazado y golpeado.
Entre los acusados se encuentran Cristian Gabriel Palavecino, Brian Gabriel Palavecino, Marcelino Daniel Cruz, Matías Ezequiel Malissia, Delfor Rogelio Sandoval, Javier Antonio Romero y el contador José Dimas Ruiz, quien desempeñaba el cargo de gerente comercial en la empresa.
Un gerente implicado y un juez destituido
El rol de Ruiz resultó clave en el desarrollo del caso. Inicialmente se presentó como una víctima más del violento asalto, pero las investigaciones revelaron que había colaborado con los autores, proporcionándoles información interna y actualizaciones sobre el avance de las pesquisas. A pesar de estas evidencias, Ruiz fue beneficiado con arresto domiciliario por el entonces juez Claudio Parisi, quien luego fue destituido e imputado por el delito de cohecho pasivo agravado.
Según la acusación, el exmagistrado habría recibido una suma de dinero a cambio de esa decisión. Otro de los puntos oscuros del caso lo protagonizó el juez Francisco Oyarzú, quien rechazó sistemáticamente los pedidos de la fiscalía para acceder a la evidencia digital secuestrada a los imputados. Esto retrasó la causa casi seis meses, hasta que el Tribunal de Impugnación intervino y permitió el acceso a los dispositivos electrónicos. Las negativas de Oyarzú derivaron en una denuncia del Procurador General Pedro García Castiella ante el Jurado de Enjuiciamiento, pidiendo su destitución.
Evidencias digitales clave
Las pruebas extraídas de los teléfonos celulares, computadoras y pendrives secuestrados fueron determinantes para reconstruir el hecho y probar la autoría de los acusados.
Entre los elementos se encontraron videos, fotografías y comunicaciones entre Cristian Palavecino y José Dimas Ruiz.
En esos intercambios, no solo reconocían su participación en el delito, sino que también hablaban de las maniobras para frustrar la investigación.
Además, las conversaciones revelaron tensiones entre los acusados, como el reclamo de Palavecino a Ruiz por la detención de su hijo.
Delitos y acusaciones
Los fiscales han solicitado la elevación a juicio de la causa por los delitos de robo agravado por haberse cometido en poblado y en banda, con el uso de armas de fuego, privación ilegítima de la libertad agravada y asociación ilícita.
El caso no solo expone la complejidad del crimen organizado, sino también las fallas y vulnerabilidades del sistema judicial y de las instituciones encargadas de prevenir y esclarecer este tipo de hechos.