Piden juicio político al ex concejal López por extorsión sexual
El concejal capitalino de La Libertad Avanza, Pablo Emanuel López, renunció a su banca en el Concejo Deliberante de Salta tras la difusión de un escandaloso audio donde extorsiona sexualmente a una militante de su espacio político.
La denuncia ingresó rápidamente a la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género, que le otorgó un botón antipánico a la víctima, mientras el caso tomó trascendencia nacional al evidenciar una red de abusos de poder y violencia en el ámbito político local.
Farquharson: “Incurrió en causales de remoción”
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Mujeres, Géneros y Diversidad del Concejo, Gustavo Farquharson, repudió los hechos y planteó que el Concejo no debería aceptar su renuncia, sino iniciar un proceso de juicio político. “Estamos hablando de una denuncia que incluye violencia laboral, política, física, sexual, psicológica y económica, donde el presunto agresor ocupa un cargo público. Ya sabíamos, con pesar, muchos rostros negativos del concejal en términos políticos; pero la violencia de género era la cara que faltaba ver”, expresó Farquharson.
El edil consideró que Pablo López incurrió en causales previstas para su remoción, por lo que un juicio político no sólo sería el camino correcto, sino también un mensaje contundente ante la sociedad. “No creo que debamos aceptarle la renuncia. El cuerpo debe activar los mecanismos previstos para iniciarle juicio político y luego removerlo. Personas que aseguran transparentar la política terminan desprestigiándola”, remarcó.
Farquharson explicó que la renuncia presentada solo alcanza su mandato actual, lo que no impediría que López reasuma en diciembre, tras haber sido electo nuevamente. “Con mucha razón la mayoría de mis pares quiere evitar que eso suceda. El juicio político es la herramienta para que quienes ejerzan violencias tengan una pena política acorde al daño que generan, hasta que la Justicia determine las penalidades propias de su ámbito”, añadió.
Malvina Gareca: “La sanción debe ser la destitución”
En diálogo con Nuevo Diario, la concejala Malvina Gareca explicó que la semana próxima se convocará a sesión extraordinaria para tratar la renuncia y la constitución de la Comisión de Juicio Político. “Para mí es fundamental constituir la Comisión de Juicio Político porque nos permite tener más elementos como cuerpo deliberante, se garantiza el derecho de réplica y a partir de ahí se define la sanción, que a mi entender tiene que terminar siendo la destitución”, sostuvo.
Gareca subrayó la necesidad de garantizar mecanismos que impidan que López vuelva a ejercer el cargo tras finalizar este mandato: “Hay que ver qué tipo de resolución se establece para que no pueda asumir nuevamente. Sabemos que ya fue electo para el nuevo periodo, pero atento a que las situaciones de violencia ocurrieron durante este mandato, debería correr la misma suerte en el siguiente”.
El Gordo Dan: “Pido disculpas públicas”
“El caso también generó repercusiones en referentes nacionales del liberalismo. El influencer conocido como El Gordo Dan, una de las voces más visibles de La Libertad Avanza en redes sociales, publicó un tuit con duras palabras hacia López: “Pido disculpas públicas por el endorsement que le di a este hijo de puta. La política y los armados nacionales son gigantescos, por una cuestión estadística se te va a colar algún psicópata, degenerado o delincuente. La diferencia está en cómo reaccionás. Nosotros reaccionamos. No lo encubrimos. Exconcejal Pablo López, ojalá te mueras”. Además, aseguró que el partido habría expulsado a López y reclamó que, de confirmarse las denuncias, “se cumpla la ley y vaya en cana”.
En horas de la tarde del viernes, el presidente de LLA en Salta, Eduardo Virgili, confirmó el apartamiento de López de las filas libertarias a través de un video oficial.
Cesantía docente
El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta, por su parte, inició el proceso de cesantía definitiva de Pablo López en su cargo docente, medida notificada a la Dirección del Nivel Secundario y la Dirección General de Personal. La ministra Cristina Fiore ordenó su separación preventiva mientras avanza el sumario administrativo.
Desde la cartera educativa explicaron que la decisión se enmarca en el protocolo vigente para situaciones de esta gravedad, que contempla la protección de estudiantes y la integridad institucional.
El Concejo Deliberante definirá la próxima semana si la renuncia presentada se acepta o si se avanza en el juicio político para removerlo formalmente y sentar un precedente contra la violencia machista en la función pública.