Interés general

Piden la revisión de designaciones y que la Auditoría se conforme con trabajadores de planta

Recientemente el contador público y auditor senior de la Auditoría General de la Provincia (AGP), Juan Manuel Chamorro, reiteró públicamente el pedido que realizó para que se revean las postulaciones de Elsa Pereyra Maidana y de Marcos Segura Alsogaray para integrar la AGP.

El contador solicita a la Comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones, conformada por los senadores Jorge Soto, Juan Cruz Curá, Walter Wayar, Mashur Lapad, Marcelo García, Sergio Saldaño, y Javier Mónico que, considere la posibilidad de postular y designar a integrantes de la misma Auditoría, que sean personal de planta permanente con más de 10 años de antigüedad, ya que cuentan con la experiencia, el conocimiento académico, el compromiso institucional y el apartamiento partidario necesario para mantener la independencia moral y técnica del cargo a representar.

Apegándose al artículo 153 y 156 del reglamento de la Cámara Alta, Chamorro, alerta que se estaría incumpliendo el artículo 36 de la Ley 7.103 ya que ambas postulaciones no reflejan la propuesta de la oposición política, ya que los cinco Auditores (tres en funciones y dos a designarse el 1 de marzo), fueron propuestos por corrientes oficialistas.

Asimismo, indica que también se estaría incumpliendo el artículo 169, punto III, párrafo 7 de la recientemente reformada Constitución Provincial, la que establece que, "son seleccionados por una Comisión de Auditoría de la Cámara de Diputados integrada por siete miembros, de los cuales cuatro deben pertenecer a los partidos políticos o frentes electorales de la oposición. La selección debe ponerse en conocimiento del plenario de la Cámara de Diputados. Son designados previa audiencia pública por la Cámara de Senadores en sesión pública. Duran ocho años en sus funciones no pudiendo ser designados nuevamente”. Remarca que Alzogaray ya iría por su tercera designación.

“De esta forma, no sólo se incumplió la Ley, sino que, además, peligra la independencia que este órgano de control debe tener para poder hacer un seguimiento objetivo del manejo de la cosa pública”, advierte Chamorro.

 

 

 

 

 

 

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