Durante la última sesión ordinaria del Senado provincial, el legislador por Chicoana, Esteban D’Andrea, volvió a poner sobre la mesa un reclamo que, según expresó, “preocupa y aflige” a buena parte del interior salteño: la necesidad urgente de que el Gobierno nacional otorgue una prórroga para la realización de auditorías vinculadas a los certificados de discapacidad.
El pedido se dirige a los legisladores nacionales por Salta, a quienes solicitó que intercedan ante la administración de Javier Milei, dado que, según indicó, aún no se confirmó una extensión del plazo en la mayoría de los departamentos de la provincia. “Rivadavia sí tiene prórroga, pero esta no fue ampliada al resto del interior provincial. La gente se agolpa en los hospitales buscando asegurar que no les corten el beneficio. Necesitamos esta prórroga”, subrayó.
D’Andrea aclaró que la auditoría, que debe realizarse a través de profesionales enviados por Nación mediante una empresa tercerizada, aún no comenzó en muchos puntos. La demora, sumada a la falta de conectividad y las extensas distancias en el territorio, pone en jaque a cientos de personas con discapacidad que dependen de ese beneficio.
“El problema no es la auditoría en sí. Nadie está en contra de que se controle y se verifique el correcto uso de los fondos públicos”, explicó el senador.
“Lo que pedimos es que se haga con criterio, teniendo en cuenta la realidad del interior profundo. Hay personas en Nazareno que reciben notificaciones para presentarse en Rivadavia o Santa Victoria. Eso demuestra un desconocimiento absoluto del territorio”, sostuvo.
El reclamo fue acompañado por un proyecto de declaración en la Cámara Alta y D’Andrea aprovechó para agradecer el acompañamiento del ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, quien –según dijo– ha hecho gestiones para visibilizar la problemática ante las autoridades nacionales.
“Las notificaciones siguen llegando, pero los médicos no. No queremos, en unos meses, estar hablando de salteños a los que se les suspendió un derecho esencial. Ya está pasando en otras provincias como Chaco”, advirtió.
La preocupación crece en los departamentos sin prórroga oficial, y los legisladores provinciales insisten en que la única respuesta viable, en el corto plazo, es extender los plazos para que nadie pierda el acceso por no haber podido presentar documentación a tiempo.