Piden se deje sin efecto la restricción del acceso a la información pública
Organizaciones de la sociedad civil de todo el país, entre las que se encuentran varias salteñas, expresaron su rechazo al decreto 780/24 con el que el presidente Javier Milei intenta restringir el derecho de Acceso a la Información Pública en la administración nacional.
El decreto amplía el secreto y aporta discrecionalidad al dejar en manos del Gobierno nacional la definición sobre lo que es un documento público y qué información puede ser considerada de la esfera privada de las autoridades, dándoles una especial protección.
Entre las 71 organizaciones firmantes, se encuentran las salteñas Salta Transparente, ARPIAS, FOCIS, Mujeres por la Igualdad de Oportunidades, Red Par, Campaña por el Aborto (Salta) y Unión Inquilinxs. Se suman Poder Ciudadano, ACIJ, Fundeps, Fopea, Amnistía Internacional, Directorio Legislativo, Nuestra, y Ruido, y otras.
El comunicado conjunto señala que “un decreto reglamentario no puede limitar el derecho de acceso a la información pública en contradicción con el alcance de la propia Ley de Acceso a la Información votada por el Congreso de la Nación en 2016”.
Agrega que: “Las excepciones establecidas por la Ley 27.275, que habilitan la negativa estatal a brindar la información solicitada, están lejos de lo reglamentado por el Poder Ejecutivo Nacional. El decreto mencionado amplía la información que queda por fuera del interés público, amplía el secreto y aporta discrecionalidad al dejar en manos de los funcionarios/as públicos/as la definición sobre lo que es un documento público y qué información puede ser considerada de la esfera privada de las autoridades, dándoles una especial protección”.
Señala que “El Decreto 780/24 implica una seria regresión en materia de interpretación del derecho de acceso a la información a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos y lucha contra la corrupción y genera un marco normativo discrecional por el cual las definiciones políticas del gobierno y las decisiones subjetivas de los funcionarios/as primarían por sobre el derecho de acceder a información en manos del Estado”.
Por todo ello, se solicita al Poder Ejecutivo Nacional “que deje sin efecto este Decreto y se garantice el pleno acceso a la información pública”.
En Salta
Consultado por Nuevo Diario, Gonzalo Guzmán Coraita, titular de Salta Transparente sostuvo que: “Resulta sorprendente que un Gobierno, que enarbola la bandera de liberalismo, intente con un decreto restringir la libertad de expresión, derecho que comprende el derecho de acceder a información que se encuentra en poder del Estado. Este no es el primer ataque contra la libertad de expresión, desde hace meses distintas organizaciones, medios y periodistas vienen alertando a la sociedad sobre la crítica situación en la que nos encontramos en esta materia”.
Agregó que en Salta el agravante es que aún no se reglamentó la ley de acceso a la información y transparencia. “Esta situación es aprovechada por el gobierno para no responder pedidos de informes y también para no publicar en internet información que debiera estar a disposición de todos”.