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Policía acusado de gasear a niña de 10 años niega responsabilidad y apunta a sus superiores

Cristian Rivaldi, oficial de la Policía Federal, declaró no haber visto a la menor durante la represión en el Congreso y afirmó haber actuado bajo órdenes superiores; la causa avanza con la familia de la víctima como querellante.

El oficial de la Policía Federal Argentina (PFA), Cristian Rivaldi, acusado de haber rociado con gas lacrimógeno a una niña de 10 años durante una manifestación frente al Congreso Nacional el 11 de septiembre de 2024, presentó su declaración indagatoria ante el juez federal Sebastián Ramos y el fiscal Eduardo Taiano.

En su escrito, Rivaldi afirmó: “Nunca vi a una menor en el lugar”, y solicitó su sobreseimiento, argumentando que actuó conforme a las órdenes impartidas por sus superiores a través del sistema de comunicación policial .

El incidente ocurrió durante una protesta contra el veto presidencial a la ley de Movilidad Jubilatoria. La menor, identificada como Fabrizia Pegoraro, fue alcanzada por gas pimienta mientras se encontraba con su madre en las inmediaciones del Congreso.

El hecho generó una fuerte repercusión pública y llevó a la presentación de una denuncia penal por parte del abogado Gregorio Dalbón, quien representa a la familia de la víctima .

Causas y denuncias

En el marco de la causa, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°9 aceptó a Fabrizia y a su madre, Carla Marina Pegoraro, como querellantes.

La denuncia apunta no solo contra Rivaldi, sino también contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; la secretaría de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el jefe de la PFA, Luis Rollé; y el comisario Gerardo Ariel Perillo Scampini, por presunto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

La ministra Bullrich, por su parte, negó que un oficial haya atacado intencionalmente a la menor y cuestionó la presencia de niños en manifestaciones. Sin embargo, un video difundido posteriormente mostró claramente a un efectivo policial arrojando gas pimienta hacia la niña, contradiciendo la versión oficial .

Organismos de derechos humanos, como la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), han expresado su preocupación por el accionar policial y la respuesta del Ministerio de Seguridad.

Además, el CELS informó sobre la represión a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) .

La investigación continúa, y se espera que en las próximas semanas se definan nuevas medidas procesales, incluyendo posibles citaciones a indagatoria de los funcionarios involucrados.

Fuente: Ámbito Financiero

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