Por 180 días, el gobernador Sáenz intervino el IPSS por la crisis financiera
El gobernador Gustavo Sáenz decretó este martes la intervención administrativa del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPSS) por un período de 180 días debido a la grave crisis financiera que atraviesa la institución, cuyo déficit supera los 25 mil millones de pesos.
La medida, oficializada en el Boletín Oficial de la provincia mediante el Decreto N° 108, incluye la remoción del Directorio en su totalidad y la designación del contador Emilio Savoy Uriburu como interventor.
Crisis en el IPSS y la decisión del Gobierno
Según lo expresado en el decreto, la crisis económica del IPSS se agravó en el último año debido a la alta variabilidad en los costos de insumos y medicamentos, un problema que afectó a todas las obras sociales del país. Pese a los esfuerzos económicos extraordinarios realizados por la Provincia, la situación no logró revertirse, generando un descontrol en el manejo financiero y la acumulación de deudas millonarias.
El decreto fundamenta la intervención en la necesidad de reordenar las finanzas del organismo, fortalecer los mecanismos de control y auditoría, reorganizar la prestación de servicios y gestionar eficientemente los vínculos con los prestadores. La medida se ampara en el artículo 20 de la Ley N° 5348, que autoriza la intervención de organismos públicos en casos de gravedad institucional.
Remoción del Directorio y nuevo interventor
Con la intervención, el Directorio del IPS cesa en sus funciones de manera inmediata. En su reemplazo, el contador Emilio Carlos Martín Savoy Uriburu fue designado como interventor con amplias facultades para encaminar la regularización del gasto y garantizar la continuidad de las prestaciones.
Sin embargo, horas después de su nombramiento, Savoy Uriburu presentó su renuncia a su cargo anterior como Auditor de Proyectos Especiales de la Sindicatura General de la Provincia, la cual fue aceptada mediante la Decisión Administrativa N° 75. Si bien la renuncia fue justificada por “motivos personales”, su desvinculación de la Sindicatura podría estar relacionada con su nueva función en el IPSS.
Impacto y próximos pasos
El Gobierno de Salta tiene un plazo de 10 días para comunicar la intervención a la Legislatura Provincial. Mientras tanto, el nuevo interventor deberá asumir la difícil tarea de estabilizar la obra social y garantizar la cobertura de sus afiliados.
La situación del IPSS genera preocupación entre los afiliados y prestadores de servicios, quienes en los últimos meses han denunciado demoras en los pagos y dificultades para acceder a prestaciones médicas. Con la intervención en marcha, resta ver si las medidas adoptadas serán suficientes para superar la crisis y garantizar la sostenibilidad del sistema de salud provincial.