Por amenaza de muerte, la Justicia ordenó medidas de protección para Bettina Romero
Luego de que el partido Salta Nos Une diera a conocer en un comunicado que la intendenta sufrió amenazas de muerte, se conoció que el Ministerio Público Fiscal ordenó medidas para proteger a la mandataria municipal. También se conoció el trasfondo del hecho que terminó en la denuncia de la jefa municipal.
En el comunicado que dio a conocer el partido que preside la mandataria se informó que un hombre amenazó a Bettina Romero en el Centro Cívico Municipal y advirtió que le iba a meter un tiro en el debate de candidatos a intendentes que organiza la Universidad Nacional de Salta.
Ante los hechos, el fiscal N° 5 Federico Jovanovics ordenó medidas de protección, incluyendo la prohibición de acercamiento del denunciado a la Intendenta o a la Intendencia, bajo apercibimiento de desobediencia judicial, solicitando custodia policial en caso de que no contara con custodia
personal. En el comunicado del partido, firmado por el apoderado Ramiro Nordera, se relacionó el hecho con un ataque sistemático de violencia política contra la mandataria.
“Estos sucesos no son casuales. La cercanía de las elecciones provinciales pone nerviosos a sectores minoritarios que quieren generar miedo para mantener privilegios y negocios”, indica el escrito, el cual relaciona la amenaza con un robo al marido de la intendenta en el centro salteño y también la difusión de fake news en contra de la mandataria.
Sin embargo, la denuncia formal que se realizó a través del Sistema de Denuncias Web del Ministerio Público Fiscal de Salta y a la que pudo acceder Nuevo Diario relata el hecho desde otra perspectiva. La denuncia fue realizada por la secretaria de la intendenta (V.V.A), quien fue la receptora de la amenaza. El acusado se trata de un empresario conocido como Miguel Darío Bruno. En esa denuncia se relata que Bruno se acercó al CCM en el marco de un reclamo por una obra de pavimentación impaga desde la anterior gestión municipal.
El escrito indica que Bruno reclama la falta de pago de una obra realizada de la que no hay comprobantes ni expedientes generados, debido a extravíos internos de documentación en la Municipalidad.
Según relata la secretaria municipal, se hizo una reconstrucción del expediente –que ahora está en manos del secretario de Gobierno, Benjamín Cruz– y a pesar de esto, no se logró corroborar la deuda que aduce el empresario.
En ese marco, Bruno habría argumentado que tiene a su esposa en un estado grave de salud y que necesita el dinero para afrontar los gastos de la misma. En esta parte, la denuncia describe que Bruno habría amenazado a la intendenta diciendo que si algo llegara a pasarle a su esposa, él tomaría represalias con un tiro en la cabeza a la intendenta.
Fue por el grado de las amenazas que se emitió desde el Ministerio Público Fiscal la orden de restricción, algo que en la denuncia ya se había solicitado.
Otro de los puntos que se diferencia del comunicado de Salta Nos Une es que en ningún momento de la denuncia se menciona que la amenaza iba a concretarse en el debate de candidatos.