En los últimos días, las tensiones y declaraciones sobre la situación en la frontera Aguas Blancas–Bermejo ocuparon las primeras planas.
Ante el proyecto que el edil Fabián Gutiérrez pretende presentar y las expresiones del interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, respecto de la actividad comercial en la zona, Nuevo Diario consultó a Virginia Cornejo, directora nacional de Vigilancia, Control de Frontera, Hidrovías y Centro de Monitoreo del Ministerio de Seguridad.
La funcionaria sostuvo que “las situaciones que se están viviendo en la frontera Aguas Blancas–Bermejo requieren claridad: no alcanza con denunciar públicamente”.
En ese sentido, remarcó que cualquier diferencia operativa, comercial o de control entre ambos países debe canalizarse exclusivamente a través de los mecanismos institucionales previstos por los tratados internacionales. “Argentina ya inició consultas formales a las autoridades bolivianas”, afirmó.
Cancillería
Cornejo explicó que Cancillería también solicitó que, para avanzar con una respuesta oficial, los reclamos se formalicen mediante una nota institucional que describa la problemática y active los procedimientos diplomáticos y técnicos correspondientes.
En paralelo, la Comisión Internacional de Límites y los organismos nacionales —Migraciones, Aduana, SENASA y Fuerzas de Seguridad— trabajan en la revisión del área de control integrado y en la incorporación de sistemas modernos, como el reconocimiento recíproco de competencias y la autogestión biométrica, para ordenar y agilizar el paso fronterizo.
“Decir que existe ‘extorsión’ o atribuir responsabilidades sin agotar los procedimientos formales no contribuye a la solución y debilita la posición argentina”, advirtió.
Subrayó que la institucionalidad es la herramienta central para resolver conflictos internacionales, proteger a los comerciantes, ordenar el tránsito fronterizo y garantizar que cualquier diferencia se trate con el rigor que exige la normativa bilateral.
“En las fronteras, más que en cualquier otro ámbito, la responsabilidad institucional no es opcional: es la única vía efectiva y legítima para construir soluciones sostenibles”, sostuvo.
Al profundizar sobre aspectos locales, Cornejo señaló que la planificación urbana es una competencia propia de los municipios y de los concejos deliberantes, y reclamó mayor ordenamiento territorial en las ciudades fronterizas.
“Para ordenar, tiene que haber planificación. Hoy vemos que, sin planificar, se entregan titularidades o se habilitan casas binacionales. Se necesita un trabajo mancomunado con intendentes y concejos deliberantes”, afirmó.
Sobre el funcionamiento de taxis y remises en la zona, la funcionaria reconoció que existen dificultades vinculadas al ingreso y al desplazamiento dentro del área de control.
Buscar acuerdos
“Si se plantea que los taxis no pueden ingresar o que el control no está exactamente en el límite, es una realidad. Pero es posible buscar acuerdos o convenios entre quienes prestan el servicio para operar internamente. Lo que no se puede es renunciar al control y permitir que los vehículos salgan del área de control integrada sin supervisión”, explicó.
Indicó que se requieren “ingenio, trabajo y articulación con los organismos que operan en la frontera” para encontrar una solución.
Finalmente, destacó que en La Quiaca ya se implementa el reconocimiento recíproco de competencias, un sistema que permite que uno de los países realice la tramitación completa de la documentación en representación de ambos. “Este mecanismo agilizará significativamente el tránsito fronterizo y reducirá los tiempos administrativos”, afirmó.