Por DNU, el Gobierno obliga -sin excepciones- a los funcionarios a exámenes toxicológicos

El Gobierno de Salta dio este martes un paso político de alto impacto al oficializar la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para funcionarios de los tres poderes del Estado y organismos de control.

La medida del Ejecutivo se presenta como un antes y un después en materia de transparencia, idoneidad y aptitud moral para el ejercicio de la función pública.

El anuncio fue realizado por el propio gobernador Gustavo Sáenz a través de sus redes sociales, donde sostuvo que “la función pública exige idoneidad y aptitud moral” y remarcó que “ejercer un cargo no es un privilegio, es una responsabilidad”. En ese marco, advirtió que quienes no estén en condiciones de cumplir con los estándares fijados deberán asumir las consecuencias previstas por la Constitución Provincial y las normas vigentes, incluida la eventual remoción del cargo. La decisión, que ya entró en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial, abrió un debate político, jurídico y ético que atraviesa al conjunto del sistema institucional salteño y que ahora deberá ser analizado por la Legislatura provincial.

Un decreto que alcanza a los tres poderes del Estado

Durante la conferencia de prensa posterior a la firma del DNU, la vocera del Gobierno provincial, Paula Benavides, fue la encargada de detallar el alcance y los fundamentos de la medida, a la que calificó como “un antes y un después en la política y en la función pública salteña”. Según explicó, el decreto establece la obligatoriedad del examen toxicológico para: el Poder Ejecutivo, es decir gobernador, vicegobernador, ministros, secretarios, subsecretarios, directores y rangos equivalentes; para el Poder Legislativo que abarca diputados y senadores provinciales. También incluye al Poder Judicial y el Ministerio Público, es decir jueces, fiscales y ministros de Corte. Los municipios: intendentes y concejales. Los ingresantes al Estado, que deberán acreditar aptitud para acceder a un cargo público.

“No alcanza con la capacidad técnica. Se requiere aptitud moral, integridad física y psicológica de manera irreprochable”, sostuvo Benavides, y subrayó que “quien toma decisiones sobre la vida de los salteños debe demostrar pleno uso de sus facultades mentales”.

Procedimientos, controles y consecuencias

Desde el Ejecutivo aclararon que los exámenes se realizarán de manera aleatoria y sorpresiva en los lugares de trabajo, y que se buscará detectar la presencia de cocaína, cannabinoides, opioides, anfetaminas y otras sustancias psicoactivas prohibidas.

El procedimiento contempla: test rápidos iniciales; la posibilidad de contraprueba en laboratorios habilitados; garantía de privacidad y derecho de defensa.

Sin embargo, el decreto fija una línea estricta: la negativa injustificada a realizar el test será considerada resultado positivo. Un resultado positivo confirmado será causal de remoción del cargo o activará los mecanismos de juicio político o institucional correspondientes, según el poder del Estado involucrado.

“Acá no hay grises. El resultado es binario”, enfatizó la vocera, marcando el carácter taxativo de la medida.

Consultada por los medios sobre los consensos políticos necesarios para la aprobación legislativa del DNU, Benavides afirmó que durante la firma estuvieron presentes legisladores de distintos espacios, el presidente de la Cámara de Diputados y el jefe de Gabinete, y que existe un amplio acompañamiento político. Si bien el decreto ya rige, deberá ser tratado por la Legislatura para su validación definitiva. Además, resta la reglamentación que precisará aspectos operativos como la modalidad de sorteo, la periodicidad y los mecanismos de renovación de los exámenes.

Gustavo Orozco: del proyecto dormido al decreto en vigencia

Uno de los protagonistas políticos que celebró públicamente la decisión del gobernador fue el diputado provincial por Rosario de la Frontera, Gustavo Orozco, quien recordó que fue autor de una iniciativa similar presentada en 2022, que nunca llegó a ser tratada en comisiones y perdió estado parlamentario.

En diálogo con Nuevo Diario, Orozco ponderó el DNU y sostuvo que “el mejor mensaje que se le puede dar a la sociedad es predicar con el ejemplo”. En ese sentido, afirmó que ya se realizó voluntariamente el test toxicológico, aun antes de que la norma fuera obligatoria. “Ningún funcionario puede tener la mínima posibilidad de ir drogado a su trabajo. Las decisiones que tomamos pueden cambiar el rumbo y el futuro de la vida de las personas”, expresó el legislador, y enumeró situaciones críticas: policías, médicos, jueces, intendentes o gobernadores tomando decisiones bajo condiciones que afecten el normal funcionamiento del sistema nervioso central.

“Si te drogás, no podés ser funcionario”

Orozco fue contundente al resumir su postura: “Si te drogás, no podés ser funcionario”, sostuvo, y reclamó que los exámenes sean obligatorios, aleatorios, sorpresivos y abarcativos de los tres poderes del Estado. También remarcó la necesidad de que los municipios adhieran voluntariamente: “Los intendentes son los jefes de sus ciudades y pueblos. Deben hacerlo por voluntad propia. Yo siempre lo voy a hacer de manera voluntaria”, afirmó. En sus redes sociales, el diputado aseguró que junto al gobernador “obligamos a todos los funcionarios públicos a hacerse el examen toxicológico” y volvió a insistir en la importancia de que la ciudadanía sepa que quienes gobiernan “están en pleno uso de su raciocinio”.

El proyecto original de Orozco presentado en 2023, proponía exámenes físicos y toxicológicos anuales, realizados por instituciones independientes, como universidades nacionales, precisamente para evitar suspicacias sobre el control gubernamental de los resultados. “Imagínate un ministro de Seguridad que consuma cocaína y tenga que ordenar procedimientos contra quienes venden cocaína. ¿Con qué moral podría hacerlo?”, había planteado el legislador cuando presentó la iniciativa por primera vez.

Hoy, ese debate vuelve con fuerza al centro de la escena política salteña, pero ya no como proyecto dormido en los cajones legislativos, sino como una norma vigente que interpela a todo el arco institucional.