Por la falta de protocolos, magistrados, fiscales y procuradores reclaman por más seguridad

Desde la Federación Argentina de Magistrados, FAM, también brindaron su solidaridad con el fiscal asesinado en Ecuador.

En Salta, su vicepresidente Eduardo Barrionuevo le dijo a Nuevo Diario que “La seguridad, en Argentina, depende principalmente del Poder Ejecutivo. No tenemos los poderes judiciales ni los ministerios públicos policía de seguridad”.

Más adelante explicó que esta es potestad exclusiva de los poderes ejecutivos porque de ellos dependen las agencias de inteligencia, haciendo la diferencia con las llamadas policías judiciales que tienen una misión distinta: investigar hechos ya ocurridos.

“Situaciones como la de Santa Fe ponen de manifiesto estas deficiencias de los poderes ejecutivos. Si hay teléfonos fijos en las cárceles, si hay teléfonos celulares, sin control, en manos de los detenidos, es porque los servicios penitenciarios (que dependen del ejecutivo) tienen problemas de ineficacia o corrupción”, remarcó Barrionuevo.

Así sostuvo que “sin perjuicio de toda esa situación, desde los Colegios de Magistrados y desde la Federación (FAM) venimos bregando tanto para que el ejecutivo establezca planes eficaces, como así también que se establezcan protocolos y políticas de seguridad en los lugares donde se presta servicio de justicia y a los operadores especialmente expuestos”

Son numerosas las gestiones y declaraciones que se hacen, tanto es así que desde FAM se ha creado una Secretaría de Seguridad y está trabajando con Jufejus (la Junta Federal de Justicia) para una coordinación en cuanto a esas necesidades que hoy son fundamentales.

Desprotección a todo nivel

En el ámbito local los magistrados también hacer oír sus pedidos tanto ante la Corte de Justicia como al Colegio de Gobierno del Ministerio Público a fin de conformar una mesa de trabajo. “El riesgo no es solo para los que investigan crimen organizado, que sin dudas son los más expuestos y sobre los que debiera haber una política pública de protección, especialmente diseñada y ejecutada principalmente por los ministerios de seguridad, sino por los muchos otros operadores de justicia”, sostuvo Eduardo Barrionuevo vicepresidente de la FAM. Fiscales, jueces penales, Jueces de familia, de violencia , defensores, asesores de incapaces están todos los días en contacto con situaciones de mucha conflictividad e interactuando con personas de toda índole.

“Hay que activar políticas de seguridad en los edificios, audiencias, ya el año pasado requerimos la presencia de personal policial en las ciudades judiciales del interior (que no hay) y que se refuerce la de la Ciudad Judicial. En juicios orales penales (homicidios) y hasta ahora nada. Salvo el personal de custodia del preso”, dijo agregando que no hay ni detectores de metales.

Profundizan acciones de colaboración con Nación

El ministro de Seguridad y Justicia de la Provincia también fue consultado sobre el tema narcotráfico y las comparaciones que desde los organismos de fiscales, procuradores y magistrados se efectuó en relación a Rosario con las zonas fronterizas, señaló que la realidad de Orán y en la frontera es diferente a la de Rosario, “ allí se viven acciones graves sobre las que se adoptaron acciones desde Nación para bajar esa violencia, sin  embargo no quita que en Salta  estemos atentos al narcotráfico en el Norte y al control de todas las rutas que comunican con Bolivia ”, dijo Marcelo Domínguez.

En este sentido agregó que “se evalúa mantener los convenios de cooperación que ya existían con el gobierno Nacional, para una colaboración de las fuerzas de seguridad y la Policía de Salta”, destacó el ministro que también se habló con Nación de profundizar estas acciones conjuntas sobre todo en el área comunicación.

Alcaídia

Sobre el tema de la Ampliación de la Alcaídia el ministro Domínguez sostuvo que se le aseguró que se mantendrá el Programa Federal y que se continuará con la construcción de la Unidad Penitenciaria de Metán y de la ampliación de la Alcaidía.

También sobre la deuda que de manera histórica se mantiene con la Provincia por la manutención de presos federales, sostuvo que “es algo que se debe conciliar y hay que ver que se abone, más aún teniendo en cuenta que la realidad ha ido cambiando” dijo el funcionario.

Finalmente el ministro Domínguez hizo referencia a que el año pasado se puso en funcionamiento una nueva División Policial que tiene como finalidad optimizar el servicio de seguridad y brindar acompañamiento a quienes desarrollan sus funciones en el ámbito judicial ya sean jueces, fiscales, asesores, defensores, empleados y a toda la comunidad en general. 

Esta unidad está compuesta por 30 efectivos y es parte del sistema en Orán.