Por la red narco del penal de Villa Las Rosas, se dictaron 16 condenas
Tras diez semanas de audiencias, el Tribunal de Juicio Sala VII dictó duras condenas contra 16 personas —ocho de ellas funcionarios del Servicio Penitenciario— por integrar una organización narcocriminal que operaba desde el interior de la Unidad Carcelaria 1 (UC1).
Las penas van desde 1 año en suspenso hasta los 10 años y 6 meses de prisión efectiva.
Los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar consideraron acreditada la existencia de una estructura delictiva jerarquizada, dedicada a la comercialización de estupefacientes dentro del penal y a la comisión de exacciones ilegales, muchas veces mediante amenazas y extorsiones a internos.
La investigación fue impulsada por la Unidad Fiscal compuesta por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto. Durante el juicio, presentaron pruebas contundentes que revelaron el funcionamiento sostenido de la organización, con participación activa de agentes penitenciarios, internos y familiares.
En su alegato final, García Castiella destacó la “gravedad institucional” del caso y advirtió que la corrupción dentro del Servicio Penitenciario “vulneró sistemáticamente los derechos humanos” de las personas privadas de libertad.
Remarcó que algunos funcionarios decidían arbitrariamente quién recibía beneficios y quién era víctima de abusos, desnaturalizando por completo la función estatal de ejecución de penas.
Las condenas
Entre los funcionarios del Servicio Penitenciario, las penas más altas fueron para Francisco Bisceglia (10 años y 6 meses) y Sergio Moya (10 años), ambos por comercialización agravada de estupefacientes, exacciones ilegales y pertenencia a una asociación ilícita.
El resto de los agentes recibió penas que oscilan entre los 4 años y medio y los 8 años de prisión efectiva.
Por parte de los internos y allegados, el condenado con mayor pena fue Manuel Méndez, sentenciado a 9 años y 6 meses, que se unificaron con una condena anterior en una pena única de 19 años y 6 meses. También fueron condenados su hermana, María Inés Méndez (9 años), y otros implicados con penas de entre 1 y 9 años. Dos personas, Josué Joel Valencia y Silvana Valeria Avendaño, resultaron sobreseídas tras el retiro de la acusación por parte del Ministerio Público Fiscal.
Desde la Fiscalía se hizo hincapié en la necesidad de reforzar los mecanismos de control institucional para prevenir hechos similares y asegurar el cumplimiento de las obligaciones del Estado respecto de los derechos de las personas privadas de libertad.