Por tres sumarios a empleadas, en Rentas piden el cese de la violencia laboral

Trabajadores de la Dirección General de Rentas (DGR) iniciarán en estos días un expediente en que el que solicitarán que las autoridades del Organismo dejen de ejercer violencia laboral, de género e institucional hacia los voceros que se pusieron al hombro el reclamo por el pago del Fondo Estímulo, diezmado en un 75%.

Pedirán además que se “arbitren las medidas legales y/o administrativas pertinentes a fin de desechar el autoritarismo imperante, restablecer la aplicación del estado de derecho y del clima laboral libre de violencia en sus diversas formas con carácter de urgente”.

Los trabajadores señalaron que desde que iniciaron el reclamo por el pago del Fondo Estímulo, primero con asambleas y luego con un amparo presentado ante la justicia salteña, por más de 200 empleados, los referentes que visibilizaron el malestar son objeto de persecución. Destacaron el inicio de sumarios a tres trabajadoras durante una conciliación obligatoria que se tramitaba en la Secretaría de Trabajo.

Marcaron como persecución también descuentos realizados en abril a 30 empleados por supuestas inasistencias, bajo los códigos 101 “inasistencias” y 532 “inasistencias sin aportes”, situación que no fue justificada por la patronal. También marcaron reiterados rechazos de la Dirección de Fiscalización a pedidos de licencia por capacitación, sobre todo a la oferta propuesta por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

Sumarios

Así las cosas, los trabajadores hicieron especial hincapié en los sumarios iniciados a Belén Andreoni, Patricia Soto, y Fátima Gramajo, que estuvieron al frente de las marchas. Se supo que a las tres, se le inició sumario por poner un cartel en Rentas con la leyenda “Directora Mercedes Uldry de la DGR queremos su renuncia”, situación que solo generaría caos dentro del edificio y malestar entre los trabajadores. También se inició sumario a una de ellas por realizar declaraciones en un medio periodístico sobre el conflicto que tienen los trabajadores desde enero de este año, cuando el Gobierno provincial decidió prorrogar la Emergencia Económica y reducir el Fondo Estímulo.

Cabe recordar que a través de la ley 8417, el Gobierno prorroga la Emergencia Económica y con la ley 8416 el presupuesto 2023, pero no modifica el artículo 380 del Código Fiscal que crea el Fondo Estímulo, por lo que los empleados consideran que la reducción en el pago de ese ítem es ilegal.

En enero, los empleados tuvieron una quita del 30%, en febrero del 70% y de marzo a la fecha un 80%.