Pozo de Olmedo: originarias denuncian silencio y exigen respuestas por contaminación en Pichanal
La preocupación por el impacto ambiental del pozo petrolero Lomas de Olmedo X-10, ubicado en Pichanal, el norte salteño, volvió a poner en primer plano un conflicto que lleva años de denuncias, intervenciones judiciales, visibilidad mundial e interrogantes sin respuestas suficientes para las comunidades de la zona. Esta vez, el reclamo llega de la mano de la Organización de Mujeres Kuape Äi, de Pichanal, que impulsa un pedido formal de información pública para conocer qué se hizo, qué se está haciendo y cuáles son los riesgos que persisten sobre el territorio y la salud de sus habitantes.
La iniciativa pone especialmente el foco en las comunidades de La Estrella y Pichanal, cercanas al área donde se encuentra el antiguo pozo hidrocarburífero. Allí, las emanaciones de gases y fluidos motivaron denuncias por contaminación ambiental y una investigación penal que continúa abierta, pero también instalaron una preocupación que atraviesa la vida cotidiana de las poblaciones: la incertidumbre sobre las consecuencias de una actividad petrolera cuyos efectos podrían extenderse más allá del lugar donde se produjeron los derrames.
Desde Kuape Äi sostienen que no alcanza con conocer la existencia de actuaciones judiciales o medidas administrativas si esa información no llega de manera clara y accesible a quienes viven en el territorio. Por eso reclaman precisiones sobre los estudios realizados, las sustancias detectadas, los resultados de las pericias, las responsabilidades empresariales y las acciones concretas que deberían garantizar la prevención de nuevos daños y la recuperación ambiental del lugar.
“Parece que los dueños de los territorios son otros”
En declaraciones al programa N y N, de Aries FM, Leticia Quispe, integrante de la Organización de Mujeres Kuape Äi, vinculó el conflicto ambiental con una problemática más profunda: la histórica disputa por el territorio, los derechos de las comunidades originarias y las formas de explotación de los recursos naturales. «Nos sentimos muy apretadas, pero creo también un poco hoy, como sentirnos renovadas para tomar fuerzas, para decir que no queremos lo que estamos viviendo, esta violencia que estamos viviendo en nuestra tierra».
La referente recuperó el debate sobre la descolonización para cuestionar las relaciones de poder que continúan condicionando la vida de los pueblos originarios, especialmente cuando se trata de decidir sobre las tierras que habitan an-cestralmente. Las declaraciones se circunscriben más allá de un problema técnico relacionado con un pozo petrolero. Para las mujeres de Kuape Äi, el acceso a la información ambiental también constituye una herramienta de defensa frente a decisiones sobre el territorio que afectan directamente a las comunidades, pero sobre las cuales sus habitantes no siempre tienen participación ni conocimiento suficiente.
Antecedentes de derrames y una investigación judicial abierta
El conflicto por el pozo LO-X10 no comenzó con el actual petitorio. Según informó el Ministerio Público Fiscal de Salta, la instalación fue perforada en 1983 y posteriormente quedó inactiva.
En 2023 ya se habían registrado intervenciones por problemas ambientales y la Secretaría de Minería y Energía provincial intimó a la empresa vinculada con su operación a realizar el cierre definitivo, una medida que no llegó a concretarse debido a presentaciones legales.
En marzo de 2025 se denunció una nueva fuga activa de gases y líquidos desde un cráter en la estructura del pozo, situación que motivó la intervención de la Fiscalía Penal de Pichanal, encabezada por María Sofía Fuentes, y nuevas actuaciones de los organismos técnicos provinciales. El Ministerio Público también informó que se dispuso restringir el acceso al área y exigir a la petrolera la contención de los fluidos y la realización de análisis ambientales. Los antecedentes judiciales incluyen denuncias de puesteros por afectaciones a la fauna y la vegetación. En octubre de 2025, una inspección ocular encabezada por el juez de Garantías Gustavo Ramiro Morizzio permitió relevar nuevamente las condiciones del pozo y el área circundante, con participación de fiscales, especialistas del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y representantes de las personas afectadas.
La situación también llegó a la Legislatura provincial. En mayo de 2025, el Senado salteño aprobó una declaración que expresó su preocupación por los derrames de hidrocarburos y las emisiones de gases, y respaldó la exigencia de un plan de contingencia, estudios de impacto ambiental y la activación del Seguro Ambiental Obligatorio. En julio de 2026 se conoció un nuevo avance de la causa, cuando tres resoluciones judiciales rechazaron distintos planteos formulados por la defensa de uno de los imputados y permitieron que la fiscal María Sofía Fuentes continuara al frente de la investigación.
Entre las medidas impulsadas por el Ministerio Público Fiscal se encuentran la reconstrucción de la historia operativa del pozo, la identificación de las empresas que intervinieron en su explotación y abandono, y el análisis de las posibles causas de las emanaciones descontroladas.
Uno de los aspectos más preocupantes surge de los informes técnicos incorporados al expediente. Las evaluaciones realizadas por profesionales del Cuerpo de Investigaciones Fiscales abordaron las consecuencias de daño grave al ecosistema observadas en superficie, mientras que la investigación busca determinar su magnitud, las responsabilidades correspondientes y los costos de recomposición ambiental.
Estas posibles causas permanecen bajo investigación y no constituyen una determinación judicial definitiva sobre las responsabilidades.
A pesar de estos antecedentes, desde Kuape Äi consideran que la comunidad continúa sin acceder a información sobre el estado actual del pozo y las medidas de seguridad ambiental. Leticia Quispe explicó que el pedido de informes surgió de la iniciativa de una integrante de la organización y que pretende involucrar a todas las autoridades con responsabilidades sobre la situación. «Para que nosotros podamos saber qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se hizo, cuáles informaciones hay reales, no solamente que se pueda acceder fácilmente, que podamos leer». La referente cuestionó el tiempo transcurrido sin que las comunidades cuenten con las certezas que reclaman. «Hasta acá yo sé que han pasado unos años y no hay nada, hay un silencio, hay un desconocimiento». El planteo apunta particularmente al Municipio de Pichanal, del que solicitan conocer las gestiones realizadas y su articulación con los organismos provinciales competentes. También busca determinar quién tiene actualmente la responsabilidad sobre el pozo, qué medidas de prevención están vigentes y si existe un programa de saneamiento y recuperación ambiental. Las mujeres de la organización advierten, además, que la preocupación no se limita a las emanaciones ya investigadas. La presencia de otras instalaciones petroleras en la región abre interrogantes sobre sus condiciones de seguridad y los eventuales riesgos futuros. «No tenemos certeza si ya está afectando el aire. No tenemos certeza si hay más pozos», manifestó Quispe, quien también expresó el temor a que puedan repetirse situaciones similares en otras instalaciones.