Preocupación nacional por aumentos y desregulaciones para la salud de discapacitados

Durante las últimas horas, familiares y referentes del colectivo de la discapacidad analizan con preocupación el presente y futuro económicos por un inminente aumento a las prestaciones básicas y la avanzada en la desregulación al nomenclador nacional.

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) informó que durante mayo de 2024 se actualizan los valores de las prestaciones para personas con discapacidad, retroactivos al 1 de abril, vinculados a los aranceles vigentes del Sistema de Prestaciones de Atención Integral.

La actualización de todas las prestaciones para personas con discapacidad dispone de un incremento del 12% en el nomenclador para todas las prestaciones, con vigencia retroactiva al 1 de abril y que se percibirá en la facturación de mayo 2024, con la diferencia correspondiente.

Nuevo Diario dialogó con Luis González, referente de Padres TGD-TEA Salta, uno de los que enarbola el petitorio en el país que devela que la discapacidad se encuentra en emergencia y solicita no desregulen el Nomenclador.

"Las familias de personas con discapacidad presentamos esta petición ya que nos vemos afectados por la insostenible situación de los prestadores. Por eso pedimos que no se desregularice el Nomenclador para Obras Sociales nacionales, provinciales y prepagas", sostuvo, y recordó que el aumento es preocupante, al tiempo que recordó que existe un marco legal, el de la ley 24.901 de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad en Argentina, que establece los derechos y beneficios que deben recibir en el país.

"Esta ley garantiza el acceso a servicios de salud, educación, rehabilitación, transporte y asistencia social, entre otros. El Nomenclador es un instrumento que establece los valores de prestaciones y servicios que deben ser cubiertos por el sistema de salud en relación a las personas con discapacidad", explicó, y puntualizó: "La existencia de un nomenclador único facilita la identificación de los tratamientos y servicios que deben ser cubiertos, así como su valor y modalidades de acceso".

En esa misma línea, González enfatizó en que la importancia de la ley 24.901 y del Nomenclador en la cobertura para personas con discapacidad radica en asegurar el acceso a los tratamientos necesarios y servicios para garantizar su calidad de vida y su pleno desarrollo. "Estas normativas aseguran que las personas con discapacidad reciban la atención adecuada y oportuna, sin discriminación y con equidad, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida y promover su inclusión".

"Desafortunadamente, va a haber terapia para ricos y otra terapia para pobres, y esto atrasa más de 30 años, además de los rumores poco agradables, pero forma parte de esto que reclamamos desde septiembre, cuando alertábamos que la discapacidad se encuentra en emergencia", aseveró. González además explicó que de llevarse adelante esta desregulación "no sólo nos va a llevar a que cada obra social pague lo que quiera, sino a que cada prestador trabaje con la obra social que quiera ", remarcó.

Cuáles son las prestaciones para las personas con discapacidad

De acuerdo a lo establecido por la Ley 24.901, las personas con discapacidad tienen derecho a recibir prestaciones para garantizar su bienestar y su inclusión, que deben ser cubiertas por las obras sociales y prepagas.

Estas se clasifican en cinco grandes categorías:

*Prestaciones preventivas: son aquellas que deben darse a la madre y al niño desde la concepción para su mejor desarrollo físico-psíquico y social. Entre ellas, incluye la estimulación y otros tratamientos, así como el apoyo psicológico del grupo familiar.

*Prestaciones de rehabilitación: son aquellas que buscan la adquisición o recuperación de aptitudes para que una persona con discapacidad pueda lograr su integración social. Entre ellas, incluye la rehabilitación de capacidades motoras, sensoriales, mentales y viscerales, sean de origen congénito o adquirido.

*Prestaciones terapéuticas – educativas: son aquellas que buscan la restauración de conductas desajustadas, autonomía e independencia, por medio de técnicas terapéuticas, pedagógicas y recreativas.

*Prestaciones educativas: son aquellas en que se encuentran incluidas la escolaridad, apoyos para ir a la escuela común, la capacitación laboral, talleres de formación laboral y otros.

*Prestaciones asistenciales: son aquellas que cubren las necesidades básicas de la persona con discapacidad, como vivienda, alimentación, atención especializada.

El impacto de la medida para la discapacidad

Este lunes, el Gobierno dispuso una suba del 12% en los valores de las prestaciones básicas por discapacidad, retroactiva al 1° de abril. La suba se aplicará a los aranceles vigentes del Sistema de Prestaciones de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad.

En ese marco de anuncios nacionales, se reconoció además un adicional del 20% sobre el arancel básico por zona desfavorable, a las prestaciones brindadas en las provincias de la zona patagónica.

Esto tendría un impacto especialmente negativo en PAMI y en la salud de las personas sin cobertura médica, ya que se verían obligados a recibir prestaciones de menor calidad y muchos prestadores podrían dejar de ofrecer sus servicios debido a los menores pagos.

Cabe recordar que se trata de una avanzada más de las políticas de sinceramiento, que finalmente se hizo efectiva en la presente gestión liberal libertaria. Tanto durante el Gobierno de Mauricio Macri como el de Alberto Fernández se congelaron las actualizaciones de precios de los servicios. Llegado Javier Milei al poder, y bajo su ambicioso deseo por sincerar a las instituciones estatales, se anunció que la Agencia pasaría a ser autárquica, es decir, el Gobierno ya no interviene, y cada aumento que se debe realizar implica una pelea nueva.

Los recortes que se intentaron dar a principio de año en el área de discapacidad sólo le abrieron un frente de lucha más al oficialismo, por lo que retomaron las negociaciones.